En una jornada marcada por la alta tensión política y el debate parlamentario, el Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó la ordenanza que implementa el narcotest obligatorio para funcionarios públicos. La sesión del jueves 2 de julio de 2026 se resolvió mediante un escenario de paridad absoluta: la votación terminó empatada 5 a 5 y debió ser definida por el voto de desempate del presidente del cuerpo, quien inclinó la balanza para convertir en ley la iniciativa.
El proyecto sancionado unifica una propuesta original presentada por el concejal Mauricio Argiro en junio de 2025 con un texto impulsado por su par, Gabriela Garolera. La flamante norma establece la obligatoriedad de someterse a controles periódicos de detección de sustancias prohibidas a todos los miembros del Departamento Ejecutivo Municipal (incluido el intendente y sus secretarios) y a la totalidad de los concejales de la «Ciudad Jardín».
«Queremos ser el ejemplo»: La anticipación de Argiro
Durante la primera mañana del jueves 2 de julio de 2026, de manera previa al inicio de la sesión, el concejal Mauricio Argiro había dialogado con Los Primeros, donde adelantó los detalles del debate y defendió la necesidad institucional de avanzar con este tipo de regulaciones sobre la planta política local.
«Nosotros queremos ser el ejemplo. Esto no es una persecución contra nadie, sino una respuesta a lo que nos pide la sociedad. Queremos empezar a mostrar que esto tiene que tener consecuencias en la función pública. Simplemente, alguien que no esté en sus cabales no puede tomar decisiones que involucran y afectan la vida de todos los ciudadanos», había anticipado el edil.
Argiro enfatizó tempranamente la importancia de no mirar hacia el costado respecto a los consumos problemáticos dentro de las esferas del poder. «Tenemos que dejar de banalizar la cuestión de la droga y las adicciones en la política. La droga mata, pero además condiciona familias enteras y termina condicionando de forma peligrosa a las instituciones del Estado», advirtió con firmeza.
¿De qué se trata la ordenanza y qué sanciones prevé?
La nueva legislación de Yerba Buena busca blindar la transparencia y la idoneidad técnica y psíquica de los gobernantes mediante la aplicación de testeos aleatorios y sorpresivos. Lejos de buscar un enfoque punitivista o de estigmatización hacia las personas que atraviesan cuadros de adicción, la normativa contempla una mirada elástica pero estricta:
- Mecanismo de aplicación: Los funcionarios serán sometidos a exámenes clínicos y toxicológicos con regularidad para identificar trazas de estupefacientes en sangre u orina.
- Instancia de recuperación: Durante el debate en comisiones se garantizó que, ante un eventual primer resultado positivo, el funcionario contará con un período bajo licencia médica destinado de forma exclusiva a su rehabilitación y recuperación asistida.
- Penas por reincidencia: En caso de que se registre una reincidencia activa tras el proceso de reinserción, la norma establece severas sanciones administrativas que contemplan la suspensión de funciones y la destitución efectiva del cargo.
«Una norma, para que se perfeccione y sirva, tiene que tener una consecuencia real y directa. Si no, se convierte en una simple recomendación que nadie cumple», concluyó Argiro, celebrando el histórico precedente que sienta Yerba Buena para el resto de los municipios de la provincia de Tucumán.
Fuente: losprimeros
