El escenario político provincial ha comenzado a mostrar signos de tensión ante la proximidad de las elecciones, centrando el debate en la habilitación constitucional para una eventual nueva candidatura del gobernador Osvaldo Jaldo. Durante la última edición del programa Entre Caníbales, emitida el 21 de julio de 2026, el diputado nacional Mariano Campero cuestionó la situación jurídica del mandatario y advirtió sobre la posibilidad de que se apliquen criterios judiciales nacionales para limitar su participación.
El debate sobre la reelección y los antecedentes judiciales
La discusión se fundamenta en la interpretación de la Constitución de Tucumán frente a la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien la normativa provincial permite el ejercicio de cargos en el ejecutivo, Campero señaló que el gobernador podría enfrentar obstáculos legales basados en fallos previos:
- Fallo Uñac (2023): La Corte Suprema estableció que la permanencia prolongada en el poder, alcanzando los 16 años, resulta «intolerable» para el sistema democrático al comprometer la división de poderes y la competitividad electoral.
- Criterio de Rosenkrantz: El vocal de la Corte advirtió en su momento que la perpetuación en los cargos ejecutivos genera riesgos sobre la administración de fondos públicos y la independencia del Poder Judicial.
El diputado nacional Campero sugirió que, a pesar de que la Constitución local contempla las alternancias para gobernador y vicegobernador, la existencia de resoluciones judiciales en provincias como San Juan y Formosa podría actuar como un «correctivo» que limite las intenciones del oficialismo.
¿Acción legal o discurso político?
El análisis periodístico planteó el interrogante sobre si la oposición presentará efectivamente una impugnación ante la Justicia. Para que este recurso prospere, se requiere que algún dirigente opositor invoque la vulneración de su derecho a competir en igualdad de condiciones.
Sin embargo, el panel recordó que, en procesos electorales anteriores, la oposición evitó judicializar candidaturas testimoniales, como ocurrió con la postulación de Jaldo a diputado nacional, pese a la existencia de jurisprudencia (fallo Polino) que habría respaldado tal medida. Ante este panorama, resta confirmar si los cuestionamientos actuales por parte de figuras como Campero o el sector que responde a Lisandro Catalán se traducirán en acciones legales concretas o si se mantendrán como declaraciones mediáticas durante la campaña.
