La prolongada estrategia electoral del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que anticipó los comicios para el 9 de mayo, se encuentra ahora bajo una intensa presión judicial. Lo que inicialmente se concibió como una maniobra para asegurar su continuidad y evitar explicaciones sobre la precaria situación provincial, se ha convertido en un campo de batalla legal que pone en jaque su aspiración a un nuevo mandato.
El Precedente Uñac y la Amenaza Constitucional
La principal arma de la oposición reside en la interpretación de la Constitución Nacional respecto a la periodicidad de los mandatos. El precedente del fallo “Uñac” de 2023, donde la Corte Suprema de la Nación impidió la reelección de Sergio Uñac en San Juan a pesar de que la constitución provincial lo permitía, sienta un precedente crucial. La Corte argumentó que la acumulación de cargos ejecutivos por períodos prolongados atenta contra los principios republicanos y democráticos de alternancia y equidad en la competencia electoral, al concentrar excesivo poder en una sola figura y desdibujar la división de poderes.
En Tucumán, Jaldo ya acumula ocho años como vicegobernador y está en su primer mandato como gobernador. La posibilidad de una cuarta gestión consecutiva al frente de los máximos cargos provinciales es vista por la oposición como una violación de los principios constitucionales que la Corte Suprema nacional podría validar. Referentes de diversos sectores políticos, incluyendo Cambia Tucumán y La Libertad Avanza, han anunciado o anticipado acciones judiciales ante el máximo tribunal del país para impedir su candidatura.
La Defensa del Oficialismo y el Fantasma de la Proscripción
Ante la creciente embestida, el oficialismo tucumano ha reaccionado. El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, ha calificado las objeciones como un intento de “proscripción” y una maniobra para “excluir a quien no se puede vencer en las urnas”. Por su parte, el propio Jaldo ha buscado apoyo en el antecedente de Juan Manzur, su antecesor, quien también ocupó cargos de vicegobernador y gobernador por períodos extensos. Sin embargo, la propia experiencia de Manzur en 2023, cuando su candidatura a vicegobernador fue objetada ante la Corte Suprema nacional, demuestra la complejidad y la dubitativa habilitación de tales continuidades.
La estrategia de Jaldo de una “campaña permanente” ha mutado, pasando de la ofensiva a una defensa forzada. La falta de obras públicas, el encarecimiento de los servicios, la ausencia de políticas sociales efectivas y la nula inversión privada, sumado a escándalos de corrupción, ya habían generado un clima de descontento. Ahora, la viabilidad de su proyecto político se suma a la lista de cuestionamientos. La “duda razonable” sobre la habilitación de su candidatura, alimentada por el fallo Uñac, ha erosionado el poder que hasta ahora parecía inexpugnable, obligando al gobernador a justificar no solo su gestión, sino también su propia permanencia en el poder.
Fuente: LDT G – tucumandespierta
