La presión judicial se intensifica sobre Manuel Adorni. El exjefe de Gabinete de Javier Milei enfrenta un plazo perentorio: este martes 22 de septiembre debe presentar ante la Justicia federal un detallado descargo sobre la evolución de su patrimonio durante su gestión pública. El requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita, que ya fue prorrogado una vez, consta de un cuestionario de 20 puntos que busca desentrañar el origen de ingresos, gastos y deudas del grupo familiar entre diciembre de 2023 y junio de 2026. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito no solo involucra a Adorni, sino también a su esposa, Bettina Angeletti, y pone bajo la lupa operaciones en efectivo, criptoactivos y el vínculo con un contratista clave.
Los números que no cierran: un desfase de millones
El núcleo de la pesquisa fiscal se sustenta en un análisis técnico que revela una brecha patrimonial significativa. Según los cálculos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los ingresos comprobados del círculo familiar de Adorni alcanzaron los $229,7 millones, mientras que los gastos sumaron $272,8 millones. Esta diferencia, que asciende a $43.068.549, es considerada por la fiscalía como «sin respaldo suficiente». A este desajuste en pesos se le suman desembolsos en dólares por US$402.578, que incluyen desde la compra y refacción de inmuebles hasta viajes y alquileres temporarios. El punto más álgido es un pago en efectivo de US$245.000 al contratista Matías Tabar por las reformas en la casa del country Indio Cuá, un movimiento que la justicia pretende rastrear minuciosamente.
El cuestionario exhaustivo: de criptomonedas a viajes a Aruba
El cuestionario del fiscal Pollicita va más allá de la propiedad en Exaltación de la Cruz. Exige explicaciones sobre el origen de los dólares en efectivo declarados en las rectificativas de las declaraciones juradas, la existencia real de préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, y la operatoria con criptoactivos que el exfuncionario incorporó tardíamente a sus declaraciones. También se investiga el uso de terceros para adquirir bienes, facturas informadas a ARCA por más de $6 millones cuyos pagos no coinciden con movimientos bancarios, y consumos de personas del entorno como adicionales en las tarjetas de Adorni. Otro capítulo lo ocupan los viajes, con un viaje a Aruba que registró gastos por US$14.696. Paralelamente, la deuda declarada por el exfuncionario se multiplicó por más de tres, pasando de $92,4 millones a $317,3 millones, con la incorporación de cuatro nuevas deudas en dólares con particulares que requieren precisiones.
Esta justificación patrimonial es una etapa preliminar crucial. Una vez que Adorni entregue sus explicaciones, la fiscalía evaluará su solidez. Si las respuestas se consideran insuficientes, la causa podría escalar hacia una declaración indagatoria formal, marcando un nuevo y complejo capítulo judicial para una de las figuras más visibles del primer tramo del gobierno de Milei. La definición de esta semana no solo pondrá a prueba la estrategia de la defensa, sino también la transparencia exigible a quien ocupó una de las funciones ejecutivas de mayor responsabilidad.
Fuente: LDT G – Contexto Tucumán
