Mientras el Congreso se prepara para debatir la ley de tierras, crece la preocupación por el avance de los capitales foráneos en zonas de altísimo valor ecológico y estratégico, particularmente en la Patagonia y Río Negro. El informe de Alejandra Dandan revela cómo estados extranjeros están adquiriendo grandes extensiones de territorio.
“Los que ahora compran las tierras son directamente los Estados extranjeros”, afirmó Magdalena Odarda, diputada provincial por el bloque Vamos con Todos y exsenadora por Río Negro, quien también es autora de un proyecto de ley para revertir estas adquisiciones. Según Odarda, la compra se realiza a menudo a través de empresas pantalla o fideicomisos amañados, con firmas integradas por personas con DNI argentino que en realidad representan a otros Estados, eludiendo la ley de tierras actual.
Un caso emblemático es el que vive Soledad Cayunao, de la Lof Cayunao, quien fue llevada a juicio por el fideicomiso Amaike, de capitales emiratíes, por la supuesta usurpación de 14 mil hectáreas en la zona cordillerana de las altas cumbres rionegrinas. Durante el juicio, que tuvo lugar en abril de 2026, un empresario argentino y accionista de la compañía, Hugo Barabucci, confesó bajo juramento que las tierras a su nombre fueron compradas con una donación de dos millones de dólares del gobierno de Emiratos Árabes Unidos.
¿Qué está pasando en Río Negro?
A lo largo de los últimos diez años, la provincia de Río Negro profundizó el proceso de reconfiguración de la propiedad de la tierra, con la incorporación de capitales de Emiratos Árabes Unidos y el Estado de Qatar. Se trata de unas 60 a 70 mil hectáreas ubicadas en zonas de altísimo valor estratégico y ambiental, como altas cumbres de frontera, bosques nativos y ojos de agua dulce.
El Estado qatarí posee unas 10.000 hectáreas en la Meseta Baguales para una explotación de esquí de alta montaña ultraexclusivo. Esta iniciativa incluye la construcción de tres microcentrales hidroeléctricas sobre el arroyo Baguales, autorizadas por el gobierno provincial con una concesión por 30 años, según la periodista Susana Lara. Estas extensiones de tierra son linderas a los territorios de Joe Lewis y de las inversiones de Emiratos Árabes Unidos. El extenista Gastón Gaudio fue nexo para la compra, y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, es cuñado del principal inversor en la Meseta Baguales, el jeque qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri.
Por su parte, Emiratos Árabes Unidos acumula más de 50.000 hectáreas en tres zonas estratégicas, entre la cordillera y la costa. Una parte se encuentra en el alto Chubut, con un coto de caza y el espacio de la comunidad mapuche Cayunao; otra en la costa del río Foyel y 30.000 en la costa atlántica, en la Bahía Dorada, con una pista privada de las dimensiones del aeropuerto de Bariloche y otras parcelas rurales. Su principal actividad es el turismo de lujo con coto de caza mayor y alojamiento temporario.
Las personas detrás de los inversores
Alrededor de estos emprendimientos existe un grupo de empresas y acciones de personas con DNI argentino que, de a poco, van siendo transferidas íntegramente a emiratíes. Odarda tiene un listado de esas compañías: Fideicomiso Amaike, Manzil S.A., Gengis Real Estate S.A. y Diuna Inmobiliaria. Manzil S.A. es un caso paradigmático: su composición accionaria pasó totalmente de dos ciudadanos argentinos a dos emiratíes, Matar Suhail Alyabhouni Aldhaeri y Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, con un 0,3% y 99,7% de las acciones, respectivamente. Esto fue refrendado en el Boletín Oficial en 2022. Ambos están vinculados directamente con el Estado de Emiratos Árabes Unidos.
Estos dos ciudadanos emiratíes no son personas comunes. Matar Suhail Ali Al Yabhouni Aldhaheri es un empresario de formación militar, general retirado que preside el Consejo Nacional Federal. Osama Hussein Saleh Hussein Alahadaly, el inversor más importante, es el hombre de confianza del propio emir de EAU, presidente y heredero, Mohamed bin Zayed Al Nahayan.
En febrero de 2026, el emir de Abu Dhabi y presidente de EAU, Mohamed bin Zayed, aterrizó en el aeropuerto internacional de Bariloche en un vuelo privado con una gran comitiva de más de 200 personas. “A esta altura me permito pensar que hay algo más que la compra de tierras, porque la fecha en la que vino a la Argentina coincidió con el ataque que hizo Irán sobre las instalaciones estadounidenses en Emiratos Árabes”, confió Odarda. La diputada sugiere que la Patagonia podría estar siendo considerada como un “refugio antibombardeos aéreos o antinuclear”.
¿Por qué estas tierras?
El Observatorio de Tierras, una organización creada por científicos del Conicet y la UBA, publicó en diciembre de 2025 la primera versión de su “Mapa de Extranjerización de la Tierra”. Según sus datos, el 5% del territorio argentino (equivalente a 13,2 millones de hectáreas) está en manos de capital extranjero. Lo más relevante, sin embargo, son las zonas estratégicas transferidas.
Actualmente, la Ley N° 26.737 de 2011, conocida como Ley de Tierras Rurales, permite vender hasta un 15% a extranjeros. Sin embargo, en algunas zonas estratégicas, como las cordilleras y las áreas de influencia de la principal ruta navegable del país en el río Paraná, este límite ya está excedido. La nueva ley, en discusión en el Congreso, busca cambiar este porcentaje.
Pablo Volkind, del Observatorio de Tierras, se pregunta por qué se busca modificar la ley si gran parte del país no superó el límite del 15%. Sin embargo, aclara que la ley regula a escala nacional, provincial y departamental, y en las zonas estratégicas el límite está frenado porque superan el 15% o llegan al 50%. En Bariloche, por ejemplo, ya en 2017 el 21,53% de la tierra era extranjera, lo que llevó a la provincia a dictar el decreto 1154/17, restringiendo a 100 hectáreas el límite para comprar nuevos terrenos.
¿Cómo se llegó hasta acá?
“En las últimas décadas en la Argentina se aceleró un proceso de venta de tierras fiscales, muchos inversores de todo el mundo pusieron sus ojos en el país y la provincia de Río Negro no fue ajena a ese proceso”, explicó la diputada Odarda en su proyecto de ley. Este proceso se inició en la década del ’90 con la transferencia de tierras fiscales vendidas a precio vil, donde la Provincia autorizó y promovió la venta de tierra estratégica.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el proceso se profundizó con el decreto 820/2016, que flexibilizó el contenido y los límites de la Ley de Tierras Rurales. Entre otros puntos, permitió elevar el porcentaje para que una sociedad sea considerada extranjera, pasando del 25% al 51% de las acciones. Diez años después del decreto 820/2016, la provincia muestra cambios radicales en el paisaje, con territorios que operan como enclaves de otros Estados.
Soledad Cayunao, en aquel juicio, describió las consecuencias de estos cambios en su territorio: “La laguna para nosotros no es una simple laguna, sino que son lugares de fuerza donde solemos hacer ceremonias, son lugares fundamentales para nuestra forma de vida. Pero las cosas cambiaron. Pescar ahora está prohibido. La gente anda armada, tienen puestos de vigilancia, quieren arrasar con todos los lugares de la cordillera”.
Orlando Carriqueo, vocero (werken) y referente mapuche de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, subrayó la importancia de la historia y el derecho indígena. “Nosotros hoy tenemos una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el despojo territorial, porque lo que está en juego es la discusión por la tierra. Y no hay seguridad jurídica si no contemplan el derecho indígena”, afirmó.
El Observatorio de Tierras advierte que la nueva ley elimina ejes clave del control de la tierra rural para profundizar la expansión extractiva y la creciente presencia de capital extranjero. “Lo que está en juego no son normas aisladas, sino las condiciones bajo las cuales se controlan y se apropian los recursos estratégicos del país”, señalaron.
¿Qué cambia con la nueva ley?
- Elimina el tope 15% a tierras extranjeras en las tres escalas: nacional, provincial y departamental.
- Elimina el cupo por nacionalidad, hoy de 30%.
- Elimina el límite máximo de superficie por región, hoy de 1.000 hectáreas en la zona pampeana.
- Habilita adquirir nacientes y “ojos de agua”, prohibido hoy para extranjeros o “personas interpuestas”.
- Deroga la protección en zonas de frontera, que viene de un decreto-ley histórico de 1944.
