El legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia pidió la regulación inmediata del Instituto Provincial de la Vivienda tras las denuncias.
Un grupo de ciudadanos denuncia que 300 familias fueron estafadas por Fabio Burgos, empleado del Instituto Provincial de la Vivienda de Tucumán. Julio Wilde, director de Recupero, y el abogado Eugenio Gómez Santillán, indicaron que el supuesto estafador estaba sometido a un sumario administrativo y había sido suspendido sin goce de sueldo.
El legislador del PRO, Alberto Colombres Garmendia, se refirió a estos hechos y alertó que las denuncias por posibles estafas comenzaron a multiplicarse en la provincia desde hace un tiempo. Por eso pidió la regulación inmediata del IPV.
«Resulta inconcebible que este tipo de denuncias afloren día a día y que, en 10 años de gestión del Alperovichismo, no se ponga la lupa sobre la serie de irregularidades que se suscitan, si se tiene en cuenta que el IPV se encuentra intervenido por esta administración», sostuvo.
Agregó que presentó un proyecto en la Legislatura tiempo atrás para avanzar en la normalización del Instituto y los demás organismos que deberían ser autárquicos del PE, «pero la iniciativa duerme en los despachos oficiales y los legisladores que responden al Gobernador se niegan a brindarle tratamiento”, sostuvo.
Por su parte, los damnificados indicaron que tienen un video y una serie de documentos que incriminaban en la supuesta estafa a otros miembros y autoridades del IPV, entre ellos, al subinterventor Miguel Jiménez Augier y al propio Durán
Ante esto, Garmendia adujo que «varios son los testimonios y las pruebas que salen a luz en los medios de prensa sobre el manejo irregular que puede observarse en el IPV sobre todo con los proceso de contratación directa para llevar a cabo las obras, evitando el sistema de licitaciones públicas que otorgan mayor transparencia a la operativa».
Además, no hay que olvidar las groseras fallas de control que se dieron en el emprendimiento Lomas de Tafí cuando se entregaron viviendas que hasta hoy no son utilizadas por sus adjudicatarios”, planteó.
Redacción El Intransigente
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