El intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, promulgó el 1 de agosto de 2026 la Ordenanza N.º 2544, que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos preventivos, periódicos y aleatorios a funcionarios de su municipio. Esta medida, conocida como NarcoTest, fue impulsada por la concejal Gabriela Garolera.
La normativa alcanza a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante, lo que incluye desde el intendente y los directores municipales hasta los concejales y prosecretarios. Los análisis serán realizados por laboratorios habilitados, siguiendo protocolos de confidencialidad y con la posibilidad de solicitar una contraprueba.
Esta decisión posiciona a Yerba Buena a la vanguardia de los controles institucionales en la provincia de Tucumán. La iniciativa busca asegurar que quienes administran recursos públicos y toman decisiones que impactan en la vida de los vecinos demuestren condiciones de idoneidad, responsabilidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones.
La promulgación del NarcoTest en Yerba Buena genera una expectativa sobre el accionar de las restantes intendencias y comunas rurales de la provincia. Se plantea que esta medida podría sentar un precedente para que el debate sobre la necesidad de estos exámenes llegue a la Legislatura, con el objetivo de convertir el NarcoTest en una ley provincial. De esta manera, se garantizaría la transparencia con reglas claras, controles independientes y sin excepciones para todos los funcionarios públicos de Tucumán, sin que dependa de la ubicación geográfica o de la voluntad particular de un gobierno.
