Una inesperada y costosa consecuencia de una omisión procesal durante la actual administración de Javier Milei pone al Estado argentino en una situación delicada: podría verse forzado a desembolsar cerca de 10 millones de dólares en concepto de honorarios para los abogados defensores de Cristina Kirchner y otros imputados en la causa Vialidad. La decisión final recae ahora en la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluar si ratifica la caducidad de la instancia o permite reabrir un reclamo millonario.
La Caducidad que Abre una Grieta Millonaria
El origen del problema se remonta a una demanda civil iniciada por la Dirección Nacional de Vialidad en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, con el objetivo de recuperar fondos públicos presuntamente malversados en la adjudicación de obras en Santa Cruz. Sin embargo, el expediente sufrió una paralización que se extendió a lo largo de la gestión de Alberto Fernández. El punto crítico se alcanzó entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando, bajo la presidencia de Javier Milei, las autoridades de Vialidad Nacional no llevaron a cabo las gestiones necesarias para mantener vigente el reclamo. Esta inacción culminó en la declaración de “caducidad de la instancia” por parte de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, dando por terminado el juicio.
El resultado de esta falla administrativa es contundente: los honorarios regulados a favor de doce abogados suman aproximadamente 13.614 millones de pesos, cifra que, al tipo de cambio actual, ronda los 10 millones de dólares, incluyendo el IVA. Esta situación genera una paradoja significativa: mientras el Estado busca ejecutar el decomiso de bienes dictado contra Cristina Kirchner en el marco de su condena penal, una negligencia de sus propios funcionarios podría derivar en un pago multimillonario a las defensas.
La Corte Suprema, Última Esperanza y Nuevo Escenario
Ante la resolución de la Cámara Federal, el organismo estatal presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema. El máximo tribunal tiene ahora sobre su mesa dos expedientes cruciales: por un lado, el intento de Vialidad por revivir la demanda civil y evitar el pago de honorarios; por otro, la presentación de los abogados defensores, quienes buscan destrabar el cobro de sus honorarios y denuncian una supuesta “privación de justicia”.
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, en un intento por mantener la cautela, suspendió el trámite de regulación y cobro de honorarios hasta que la Corte Suprema emita su fallo. Los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, son algunos de los beneficiarios, con honorarios regulados que superan los 575.000 dólares. Sin embargo, la mayor parte de la suma corresponde a los letrados de otros acusados, con montos que alcanzan hasta los 2,4 millones de dólares para algunos de ellos. La resolución de la Corte no solo definirá el destino de estos honorarios, sino también la posibilidad de recuperar fondos públicos en la causa Vialidad, exponiendo la fragilidad de los procesos administrativos y sus potenciales costos para las arcas del Estado.
