La Ley 8.850, sancionada en 2016 y que obliga a realizar exámenes toxicológicos a quienes ejercen funciones públicas en Tucumán, cumple este año diez años sin que se apliquen los controles de manera sistemática. La falta de ejecución vuelve a ser tema de debate tras la puesta en marcha de pruebas aleatorias en el municipio de Yerba Buena.
Una norma que quedó en letra muerta
Según los legisladores José Cano (UCR), Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), Claudio Viña (Nueva Fuerza) y Manuel Courel (Cambia Tucumán), la disposición legal no se cumple porque no existen mecanismos de control. Cano afirmó: «Claramente la ley vigente no se cumple, porque no existen controles. Es una norma que se sancionó en un momento donde había mucha demanda social… y después quedó como letra muerta».
Propuestas de ampliación y sanciones
Los parlamentarios presentaron distintas iniciativas para revitalizar la normativa:
- Ampliar el alcance de los controles a los tres poderes del Estado, incluido el Ministerio Público Fiscal y la Defensa, y al personal jerárquico del sistema penitenciario.
- Establecer pruebas anuales y sustituir los exámenes previsibles por sorteos aleatorios con aviso previo de 24 horas.
- Incorporar sanciones para los responsables de garantizar los exámenes, equiparándolas a las previstas para incumplimientos de deberes de funcionario público.
Viña recordó que los análisis se realizaron entre 2016 y 2017, pero dejaron de aplicarse: «Es una ley de orden público y es obligatorio que se cumpla».
Experiencia de Yerba Buena y su posible extensión provincial
El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó la Ordenanza 2.544, que establece controles toxicológicos obligatorios para el intendente, los funcionarios del Departamento Ejecutivo y los concejales, mediante sorteos aleatorios y notificación de 24 horas. Ante un resultado positivo, el funcionario puede solicitar una contraprueba; de confirmarse, se prevé una suspensión de al menos 90 días hábiles y, en caso de reincidencia, la destitución.
Manuel Courel apoyó la medida y pidió replicarla en toda la provincia, mientras que Bussi advirtió que el procedimiento debe ser sanitario y no una herramienta de exposición pública.
Fuente: LDT G – tucumandespierta
