En un fallo histórico que marca un punto de inflexión en una de las causas más emblemáticas y dolorosas de la Argentina, el juez federal Daniel Rafecas procesó este lunes a ocho altos mandos iraníes y libaneses como autores del atentado terrorista contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. La resolución judicial, que califica los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio, se produjo en el marco de la Ley de Juicio en Ausencia, sancionada en 2025, herramienta que permitió avanzar pese a la fuga de los acusados.
Un posicionamiento político inmediato
El Gobierno nacional no tardó en manifestar su respaldo al fallo y en atribuirlo a su gestión legislativa. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, definió el procesamiento como «un hito en la lucha contra la impunidad» y lo vinculó directamente a la ley promovida por el oficialismo. «Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos», afirmó en la red social X. El presidente Javier Milei, replicando el mensaje, escribió: «La Moral como Política de Estado. ¡MAGA!».
La sombra del pasado y la disputa por la narrativa
La celebración oficialista contrasta con los señalamientos hacia administraciones anteriores. La senadora y jefa de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, fue contundente al trazar una línea divisoria: «32 años tuvieron que pasar para que la Justicia pueda avanzar contra los iraníes prófugos… Todo lo contrario al Memorándum con Irán que firmó Cristina Kirchner para exculparlos y que queden impunes». La referencia al acuerdo firmado en 2013 durante el gobierno de CFK reinstala una de las controversias políticas más sensibles en torno a la búsqueda de justicia por el atentado que dejó 85 muertos y 151 heridos.
En su extensa resolución, Rafecas determinó que el ataque fue decidido por la cúpula del gobierno iraní en agosto de 1993 y ejecutado por la organización Hezbollah. Procesó como autores mediatos a exfuncionarios de alto rango iraníes: Ali Fallahijan (exministro de Inteligencia), Ali Velayati (ex Canciller), Mohsen Rezai (excomandante de la Guardia Revolucionaria) y Ahmad Vahidi (comandante de la fuerza Al Quds). Además, imputó como «cómplices necesarios» a tres exdiplomáticos iraníes en Argentina y al agente libanés Salman Raouf Salman, quien habría coordinado la logística final.
La reconstrucción del juez detalla una operación minuciosa: la compra y acondicionamiento de una camioneta Renault Trafic, cargada con 300 kilos de explosivos, que estuvo estacionada a cuatro cuadras de la AMIA durante tres días antes de ser detonada. Rafecas también estableció una conexión probada con un segundo atentado ocurrido al día siguiente en Panamá, reivindicado de forma conjunta por Hezbollah. El magistrado dispuso un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los procesados y elevó la causa a la Corte Suprema por su posible vinculación con el ataque a la Embajada de Israel en 1992. El camino judicial, aunque ahora despejado por la nueva ley, recién comienza: el procesamiento puede ser apelado y, de confirmarse, se elevará a juicio oral ante un Tribunal Oral Federal.
Fuente: LDT G – tucumandespierta
