El pasado miércoles 5 de agosto de 2026, la senadora Julia Di Tullio, perteneciente al bloque Justicialista, presentó un pedido formal de impugnación en el Senado contra su par libertario Joaquín Benegas Lynch. La solicitud se fundamenta en la acusación de que Benegas Lynch posee un interés personal en la Ley de Tierras, debido a su rol como fundador y gerente de Glocal Terra, una empresa dedicada al asesoramiento en la compra de terrenos rurales a inversores extranjeros. Desde el peronismo, se ha señalado la preocupación de que esta situación configure un claro conflicto de intereses que podría afectar la integridad de su voto en futuras legislaciones relacionadas con la propiedad de la tierra.
Glocal Terra, fundada en 2020 por Joaquín Benegas Lynch y su esposa Eloisa Pere Muñoz, se especializa en ofrecer servicios a propietarios de tierras que residen fuera del país, realizando controles en fincas arrendadas y explotaciones gestionadas, además de proveer informes actualizados con observaciones y soluciones sugeridas. La compañía destaca en su sitio web una vasta experiencia, superando las «3 millones de hectáreas en transacciones» en diversas naciones de América Latina. Su cartera de servicios abarca desde terrenos agrícolas exclusivos fuera del mercado, hasta tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo.
La esencia de la acusación radica en la presunta «intervención personal» del senador en un tema que impacta directamente su actividad empresarial. El debate en torno a la reforma de la Ley de Tierras, normativa clave que regula la adquisición y tenencia de tierras por parte de extranjeros en Argentina, adquiere una dimensión ética significativa cuando uno de sus legisladores tiene vínculos comerciales directos con el sector. Este tipo de situaciones plantea interrogantes sobre la transparencia y la probidad en la función pública, fundamentales para la confianza de la ciudadanía en sus representantes.
La impugnación de un senador no es un hecho común y resalta la tensión en el ámbito legislativo en torno a la Ley de Tierras, una normativa que ha sido objeto de diversos análisis y controversias a lo largo de los años. La solicitud no solo busca la inhabilitación del voto del senador Benegas Lynch en este particular, sino que también subraya la necesidad de establecer límites claros entre los intereses privados de los funcionarios y su rol como legisladores, en pos de garantizar un marco legal justo y equitativo para todos los ciudadanos.
