Las casas estaban vacías; hay 100 casos más.
Unas 171 beneficiarios del megabarrio de viviendas sociales Lomas de Tafí ya recibieron carta documento del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) notificándolos de la resolución que deja sin efecto la adjudicación por no haberlas ocupado.
A dos meses de que el gobernador, José Alperovich, anunciara un control en el emprendimiento por la cantidad de denuncias sobre casas deshabitadas, están en marcha los trámites que podrían derivar en la quita de las unidades. “Notificamos las resoluciones que dejan sin efecto los boleto de compra-venta o el instrumento legal mediante el que se haya otorgado la adjudicación. En algunos de los casos, además, se registraba la falta de pago de las cuotas”, explicó el titular del Ipvdu, Gustavo Durán.
Detalló que los afectados tienen ocho días desde el momento de la notificación para presentar recursos de reconsideración en el organismo. Los equipos legales y sociales evalúan cada caso. “Todos los involucrados están defendiendo su postura. La mayoría argumentó que la casa se encuentra en obras y que por cuestiones de seguridad no pueden ocuparla aún. A algunos se les hará lugar y a otros, no”, precisó. En caso de que la defensa fuera rechazada, advirtió, aún quedan dos instancias más. Primero la del recurso de alzada ante la Fiscalía de Estado; y, luego, el recurrir directamente a la Justicia provincial.
“Estimamos que, en general, cada procedimiento puede llevar un mes. Hay que tener paciencia porque no podemos ir y tomar una vivienda. Debemos escuchar lo que los infractores tienen para decir”, consignó el funcionario.
Consideró que sería conveniente cambiar el sistema de recupero de viviendas, para que fuera más ágil.
Advirtió que quedan unos 200 casos para notificar aún. “Unos 118 son los que detectó la Fiscalía de Estado en el relevamiento que se efectuó. El resto son expedientes que ya veníamos trabajando en el Ipvdu. Tras la publicación de los controles, hay gente que comenzó a vivir en las casas”, concluyó.
El 20 de enero, el Gobierno anunció que iniciaría una auditoría en Lomas de Tafí para castigar la venta y el alquiler de las casas. En el censo preliminar, agentes de la Fiscalía y del Ipvdu habían detectado que de 3.000 unidades, unas 250 estarían vacías. “A uno le da bronca que haya tanta gente que no tiene nada y que necesita una vivienda y que otros se hagan los vivos. Las que se recuperen, le vamos a dar a la gente que no tiene”, había sostenido Alperovich. La auditoría abarcó las 3.000 casas entregadas hace menos de tres años (después de ese plazo ya pueden ser negociadas).
Lomas, ubicado en Tafí Viejo, incluye 5.000 viviendas. Había comenzado a construirse en 2005 y la primera entrega de unidades había sido hace seis años. La última, en tanto, había ocurrido en junio pasado. El acto fue encabezado, mediante videoconferencia, por la presidenta, Cristina Fernández. Habría costado $ 900 millones (a precios de 2013).