La provincia de Tucumán atraviesa un momento de profunda inquietud institucional, marcado por lo que se describe como una parálisis deliberada y un hermetismo opaco en su sistema de justicia. Ante la proliferación de denuncias de gran trascendencia pública que involucran a altos funcionarios del Poder Ejecutivo municipal y a miembros del Ministerio Público Fiscal, los órganos jurisdiccionales parecen haber adoptado una postura de inercia e indiferencia. Esta inacción no solo afecta el derecho fundamental a la transparencia, sino que también pone en riesgo la división de poderes y el sistema republicano de gobierno.
Caso de Enriquecimiento Ilícito en Graneros
En el fuero penal tucumano se radicó una denuncia formal contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros. La acusación, presentada por el legislador Manuel Alberto Courel y el concejal Luis Alberto Escobar, con el patrocinio del abogado Luis María Díaz Augier, apunta a investigar un presunto delito de enriquecimiento ilícito. La denuncia se basa en la supuesta adquisición al contado de una propiedad de alto valor en el barrio cerrado Country Las Yungas, Yerba Buena, por una suma superior al millón de dólares estadounidense. Según las constancias presentadas, la intendenta no poseería antecedentes comerciales o profesionales que justifiquen tal capacidad de pago, siendo su única fuente de ingresos declarada su retribución como funcionaria pública. Se sugiere que los fondos para la operación inmobiliaria podrían tener origen público, señalando al secretario de Hacienda de Graneros, Ariel Mendelek, como presunto intermediario en el traslado de dinero en efectivo.
Escándalo en el Centro Judicial de Concepción
Paralelamente, el Centro Judicial de Concepción se ve envuelto en denuncias de extrema gravedad contra el fiscal de Instrucción Enrique Rojas. La ciudadana Victoria Paradi lo acusa de presuntamente recibir transferencias bancarias por un monto cercano a los 20 millones de pesos del ex legislador provincial Luis Brodersen y empresas de su entorno. A cambio, se imputa al magistrado haber favorecido a imputados vinculados al ex parlamentario mediante el desvío, paralización o archivo de causas penales. La crisis se agudizó con la divulgación de soportes digitales, conversaciones y grabaciones de audio que, presuntamente, muestran a Rojas brindando asesoramiento a un imputado por violencia intrafamiliar. Ante esto, el ministro fiscal Edmundo Jiménez ordenó una auditoría integral y el traslado preventivo de Rojas a la capital provincial. El fiscal, por su parte, negó las imputaciones, calificándolas de «canallada» y alegando ser víctima de extorsión, además de haber radicado una contraofensiva penal.
Marco Legal y Corrupción Estatal
Los hechos denunciados podrían encuadrar en diversas tipificaciones del Código Penal argentino, como Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios Públicos (Art. 268, párr. 2º), Malversación de Caudales Públicos y Peculado (Arts. 260 y 261), Cohecho Pasivo Agravado (Art. 257) y Cohecho Activo (Art. 258). El concepto de corrupción pública, definido como el uso desmedido del poder institucional para beneficios privados en perjuicio del interés colectivo, se ve reflejado en la ecuación C = M + D – A (Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Rendición de cuentas). La opacidad e inacción de las agencias de control erosionan el tejido institucional, y la falta de rendición de cuentas promueve la impunidad.
La Responsabilidad del Poder Judicial y los Poderes Ejecutivo y Legislativo
El Poder Judicial de Tucumán tiene la obligación constitucional de adelantar investigaciones exhaustivas, prontas y transparentes. La judicatura y el Ministerio Público Fiscal deben pronunciarse categóricamente, determinando responsabilidades penales o persiguiendo la falsa denuncia si los elementos probatorios fueran adulterados. La pasividad judicial ante estos sucesos, en lugar de prudencia procesal, podría interpretarse como una abdicación de su misión. Adicionalmente, se observa una preocupante pasividad por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la provincia. El Legislativo, con facultades para activar el Juicio Político, mantiene un silencio que sugiere una inaceptable connivencia o pacto de no agresión política. La inacción frente a las falencias del fuero penal y la administración municipal debilita el orden constitucional tucumano.
Fuente: LDT G – tucumandespierta


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