El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dio un paso concreto en la política de revisión institucional que impulsa su gestión: la normalización de los entes autárquicos que aún permanecen intervenidos. La decisión, que alcanza a organismos como el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) y la Caja Popular de Ahorros, implica un proceso de adecuación normativa previo a la designación de sus autoridades.
Un proceso que comienza por las normas
En declaraciones periodísticas, Jaldo explicó que el paso inicial consiste en actualizar los estatutos y las cartas orgánicas de cada institución, documentos que en muchos casos están desactualizados. «La decisión que ha tomado este gobernador es empezar a normalizar todos aquellos entes autárquicos que hoy están intervenidos», afirmó, y agregó: «Estamos trabajando porque hay estatutos y cartas orgánicas que están muy desactualizadas, porque cuando nosotros hablamos de normalizar, quiere decir que hay que poner los responsables que conduzcan cada institución».
La estrategia no es meramente administrativa. Según el mandatario, la actualización normativa es la base para garantizar que las nuevas conducciones cuenten con un marco legal acorde a las demandas actuales. En ese sentido, el gobernador destacó el caso del IPSST, la obra social más importante del interior del país, que agrupa a cerca de 400.000 beneficiarios entre titulares y adherentes. «Así que para poner una conducción hay que actualizar hoy toda la carta orgánica que tiene el Subsidio de Salud», sostuvo.
Alcance y desafíos de la normalización
El proceso no se limita a esos dos organismos. Jaldo precisó que también abarca a la Caja Popular de Ahorros y a otras instituciones provinciales que permanecen bajo intervención. La dimensión del operativo requiere, según el gobernador, definir con precisión los procedimientos y las condiciones legales para avanzar. «Hablar de normalizar es fácil. Ahora, hay que ver cómo, con quién y con qué normas legales lo hacemos», concluyó.
La medida se enmarca en una política más amplia de ordenamiento institucional que la gestión de Jaldo viene implementando desde su asunción. La normalización de los entes autárquicos es vista por analistas como un paso necesario para mejorar la eficiencia del Estado provincial, aunque también implica un desafío político: la designación de nuevas autoridades deberá sortear los tiempos legislativos y los acuerdos internos que exige la gobernabilidad.
Mientras tanto, el Ejecutivo provincial avanza con la revisión de los marcos normativos y se espera que en los próximos meses se definan los cronogramas para cada organismo. La actualización de las cartas orgánicas del IPSST y del IPLA será clave para destrabar el nombramiento de sus nuevas conducciones, un proceso que los sectores involucrados siguen con atención.
Fuente: LDT G – comunicaciontucuman
