El 31 de diciembre de 2026 la Cámara de Diputados dio el visto bueno, por amplia mayoría, al proyecto de ley que transforma la emergencia transitoria en un régimen permanente para las personas con discapacidad. El texto, conocido como Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, incorpora una serie de modificaciones surgidas de una negociación que reunió a actores tan dispares como la Pastoral Social de la Iglesia, el bloque libertario La Libertad Avanza y los gobernadores de Salta y Misiones.
El contexto de la presión opositora
El proceso se inició con la exigencia de la oposición de prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia expiraba el mismo día de la votación. El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) impulsó la discusión en el pleno, estableciendo plazos para que las comisiones avanzaran. En septiembre, La Libertad Avanza logró el dictamen mayoritario en las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, lo que abrió la puerta a una negociación multipartidaria.
El papel decisivo de la Iglesia y la Pastoral Social
Encabezada por monseñor Dante Braida, la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social mantuvo encuentros con representantes de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza. En un documento entregado al Congreso, la Pastoral explicó que sus reuniones buscaban “compartir la preocupación por la situación de las personas con discapacidad y presentar pedidos concretos”. Entre esos pedidos figuraron la garantía de financiamiento anual, la continuidad de la cobertura del programa Incluir Salud y la regularización de deudas con los prestadores.
La intervención de Oscar Herrera Ahuad y el peso de los gobernadores
El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, referente de Argentina Federal, se convirtió en un interlocutor clave. Su bloque, de nueve diputados, mantiene vínculos estrechos con los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones). Herrera Ahuad explicó que las cinco modificaciones de fondo surgieron de conversaciones con organizaciones de discapacidad y que su objetivo era garantizar previsibilidad presupuestaria.
Cláusulas principales del acuerdo
La norma establece que los gastos deberán financiarse con partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud, sin que el valor real sea inferior al ejercicio anterior. Además, se incorporan disposiciones para actualizar el nomenclador de prestaciones, mantener la cobertura médica del programa Incluir Salud tanto para titulares de pensiones por discapacidad como por invalidez laboral, y regularizar las deudas con los prestadores en un plazo de 90 días. La ley también permite compatibilidad de pensiones no contributivas con actividades laborales de ingresos modestos y fija un plazo de 160 días para que los beneficiarios presenten descargos ante auditorías.
Perspectivas y próximos pasos
Si bien la mayoría aprobó el proyecto, sectores como el Frente de Izquierda y Coherencia mantuvieron su oposición. El siguiente desafío será trasladar los compromisos presupuestarios al Debate del Presupuesto 2027, cuya tramitación en comisión está prevista para la próxima semana. El acuerdo demuestra cómo la convergencia de intereses entre la Iglesia, organizaciones civiles y gobernadores provinciales puede moldear la agenda legislativa, aun en un entorno político polarizado.
Fuente: LDT G – tucumandespierta
