El Gobierno nacional confirmó este martes que presentará una apelación ante la Justicia, luego de que un fallo de primera instancia declarara inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenara su cumplimiento inmediato. La decisión judicial, emitida por el juez federal Martín Cormick, hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), en un nuevo capítulo de un conflicto que se arrastra desde 2025.
Un fallo que invalida la estrategia del Ejecutivo
En su resolución, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 invalidó específicamente la cláusula del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la ley a la definición de recursos presupuestarios. Cormick consideró que el mecanismo utilizado por el Gobierno era «extraconstitucional», ya que servía para bloquear una norma que había sido ratificada por ambas cámaras del Congreso. Además, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las reglamentaciones necesarias para garantizar su aplicación sin más dilaciones.
El magistrado fundamentó su decisión en el artículo 9 de la propia ley, el cual ya prevé herramientas para su financiamiento, como la adecuación de partidas y el uso de ingresos corrientes que superen lo presupuestado, sin afectar la coparticipación provincial. Sobre el costo de la implementación, el fallo citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que calculaba, para 2025, un impacto equivalente al 0,23% del Producto Bruto Interno.
Un conflicto con antecedentes y una cautelar firme
Este último fallo se enmarca en un expediente judicial que ya tenía un antecedente significativo. En diciembre de 2025, el mismo juez Cormick había dictado una medida cautelar que ordenaba aplicar de inmediato los artículos referidos a la recomposición salarial docente y no docente, y a la actualización de becas estudiantiles. Esa cautelar fue confirmada por la Cámara correspondiente y, el 25 de junio de este año, la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado, por lo que la medida quedó firme.
El Gobierno sostiene que está en cumplimiento de lo ordenado, tras firmar el pasado 10 de junio un acta con el CIN y los gremios que contemplaba una recomposición salarial del 24,33% y una actualización del 20% para gastos de funcionamiento. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido de levantar la cautelar el 1 de septiembre, argumentando que el Estado no había acreditado una solución definitiva al deterioro salarial. Una nueva ronda de negociación fracasó el 17 de septiembre, cuando los gremios rechazaron una oferta adicional del 3% por parte del Ejecutivo.
Presión judicial y desacuerdo en los números
Ante la falta de un acuerdo integral, el juez Cormick intimó al Gobierno hace dos semanas, señalando que «no existe cumplimiento total» y otorgándole un plazo de cinco días para acatar la medida, bajo apercibimiento de multas por cada día de demora. El Ejecutivo pidió revocar esa intimación, sosteniendo que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 superaban la inflación del mismo período. El juez cuestionó ese cálculo oficial y también rechazó la interpretación que limitaba las becas al programa Manuel Belgrano.
En paralelo al litigio, la disputa por el financiamiento también se traslada al ámbito legislativo. El proyecto de Presupuesto 2027 asigna $7,349 mil millones a las universidades nacionales, una cifra que el CIN considera insuficiente, ya que reclama un monto cercano a los $11 mil millones. Mientras tanto, la comunidad universitaria mantiene las medidas de fuerza y ratificó la realización de una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre, evidenciando que el conflicto está lejos de encontrar una solución política.
Fuente: LDT G – tucumandespierta
