La falta de un certificado de final de obra en cientos de edificios de San Miguel de Tucumán genera un profundo drama para miles de familias. Los residentes se enfrentan a la incertidumbre de no contar con títulos de propiedad, la imposibilidad de acceder a subsidios energéticos y, en muchos casos, la ausencia de medidores propios para servicios esenciales como luz, agua y gas.
El panorama en Tucumán: 253 edificios en situación irregular
Según datos oficiales presentados ante el Concejo Deliberante, 253 edificios en la capital tucumana se encuentran en esta compleja situación. El concejal Leandro Argañaraz ha impulsado un proyecto de ley para establecer un régimen especial de regularización que aborde las falencias administrativas y ofrezca respuestas concretas a los habitantes.
“Más que la regulación que tenemos, hace falta una regularización de algo que ya existe”, afirmó el edil, estimando que entre 15.000 y 20.000 personas podrían estar afectadas por esta problemática. Las causas de la falta de final de obra son diversas: desde trámites administrativos pendientes y construcciones que exceden los permisos originales, hasta la quiebra o desaparición de constructoras, dejando obras inconclusas y documentación faltante.
Consecuencias cotidianas: Gastos compartidos y falta de individualización
La ausencia del certificado de final de obra trasciende lo meramente administrativo, impactando directamente en la vida diaria de los vecinos. En muchos edificios, la distribución de gastos de luz, agua o gas se realiza a través de un único medidor central, obligando a los residentes a compartir costos sin una medición individual de su consumo. Existen incluso casos donde se recurre a garrafas en pasillos para el suministro.
“Hay gente que vive en edificios que tienen la garrafa en el pasillo, que no sabe cuánto va a pagar de luz, de agua o de gas porque tenés un solo medidor para todo el edificio”, describió Argañaraz. Esta situación también impide la gestión de subsidios energéticos, ya que los servicios continúan facturándose como si se tratara de una obra en construcción, sin posibilidad de acceder a beneficios correspondientes.
Un proyecto para la regularización y la certeza
El proyecto impulsado por Argañaraz propone la creación de un registro detallado de la situación de cada edificio. La iniciativa contempla la inscripción de constructoras, titulares de dominio, compradores de buena fe, inquilinos y poseedores de las unidades. El objetivo es avanzar en los procedimientos administrativos necesarios para regularizar cada inmueble y, paralelamente, individualizar los servicios para que los habitantes puedan acceder a ellos de forma independiente.
“El estado no puede seguir mirando para otro lado ante esta realidad”, sentenció el concejal, quien convocó a los vecinos afectados a involucrarse en la discusión del proyecto, que ya ingresó al Concejo Deliberante para su tratamiento en comisiones.
Fuente: LDT G – Contexto Tucumán
