El presidente Javier Milei presentó el pasado 30 de julio de 2026 una serie de reformas ambiciosas que incluyen una modificación a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la implementación de un “grillete fiscal” y una desregulación del mercado de capitales y seguros. Estas iniciativas, anunciadas en cadena nacional, buscan establecer un sistema con restricciones significativas en el accionar de la entidad monetaria, inspirándose en el modelo de Perú, y que incluirían la penalización de la emisión monetaria. Sin embargo, economistas y dirigentes de la oposición no tardaron en manifestar su profundo rechazo, advirtiendo sobre las implicaciones de estas medidas para la estabilidad económica del país y, por extensión, para la comunidad de Lomas de Tafí.
Desde Unión por la Patria, el diputado nacional Itai Hagman cuestionó duramente la propuesta, señalando que el presidente «otra vez promete reformas ambiciosas para sostener la narrativa de un futuro promisorio que estaría a la vuelta de la esquina, pero que nunca llega». Hagman enfatizó que, mientras tanto, se observa «la destrucción de empresas, de puestos de trabajo, la entrega de los recursos estratégicos de nuestro país y hasta de la tierra, el empobrecimiento y el endeudamiento de las familias». Además, el legislador sostuvo que el modelo propuesto «no se utiliza en prácticamente ningún país del mundo», poniendo en tela de juicio su viabilidad y posibles consecuencias.
Las críticas también se centraron en la independencia del Banco Central. El expresidente de la entidad, Alejandro Vanoli, denunció que con la propuesta de que el titular del BCRA solo pueda ser removido con dos tercios de ambas Cámaras, se busca «dejar un caballo de Troya al gobierno que viene». Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), liderado por Hernán Letcher, alertó sobre el «mandato único» de «preservar la moneda» que Milei busca imponer, contrastando con la misión multifacética de bancos centrales en economías como Estados Unidos o la Unión Europea, que también fomentan el empleo y la producción. Según CEPA, el proyecto de Milei no solo copia sino que «excede en varios aspectos» el restrictivo modelo peruano, eliminando herramientas de política monetaria y añadiendo sanciones penales por emisión.
Otro punto de conflicto es el «grillete fiscal», que contempla la suspensión de prestaciones de servicios estatales ante un resultado deficitario no corregido por el Congreso. Hagman advirtió que este esquema de «shutdown» (cierre) tampoco se aplica en casi ningún país y que, en Estados Unidos, ha generado «estragos» y «aumento de la presión fiscal». Rodolfo Aguiar, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fue más contundente, afirmando que el «shutdown» ya se inició «con sus políticas» y que muchos «SERVICIOS ESENCIALES YA NO SE ESTÁN GARANTIZANDO por el ajuste, recorte, vaciamiento y despidos masivos», una realidad que podría repercutir directamente en la calidad de vida y los servicios disponibles para los vecinos de Tafí Viejo.
