Un conflicto administrativo de envergadura se ha desatado esta semana en el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT), donde la subinterventora administrativa financiera, Ingrid Lausberg, y el interventor, José Ricardo Ascárate, mantienen un fuerte cruce por el alcance de sus respectivas facultades.
La polémica trascendió luego de un intercambio de notas y expedientes entre las máximas autoridades del organismo provincial. Según un comunicado difundido por Lausberg el 29 de julio de 2026, su designación tiene como objetivo optimizar y fortalecer el funcionamiento del Ente, y su compromiso radica en la responsabilidad, la transparencia y el respeto institucional. La funcionaria aseguró que no existen diferencias de orden personal con el titular del ERSEPT y que brega por la armonía y la unidad de acción para un mejor servicio a la comunidad.
El inicio del desacuerdo y las acusaciones
La controversia se inició el 22 de julio de 2026, cuando el interventor Ascárate remitió la Nota N° 159/2026 a la Unidad de Recursos Humanos del ERSEPT, solicitando un informe sobre la situación de revista de 13 agentes y otorgando un plazo de 24 horas para la respuesta.
Ese mismo día, Lausberg inició el expediente N° 4217/390-L-2026, mediante el cual intimó formalmente a Ascárate a cesar «toda orden, instructivo o requerimiento directo» en materia administrativa y financiera sin la participación de la Subintervención. En su presentación, la subinterventora sostuvo que el pedido a Recursos Humanos excedía las competencias de la Intervención y calificó la actuación como una «incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública», haciendo referencia a los artículos 246, 248 y 249 del Código Penal.
Además, Lausberg resolvió avocarse al trámite de la Nota N° 159/2026 y dio instrucciones a Recursos Humanos para que toda la documentación requerida fuera remitida previamente a la Subintervención para su «revisión, control de legalidad y posterior remisión». También dejó abierta la posibilidad de poner las actuaciones en conocimiento del Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Estado y la Justicia Penal.
Argumentos de ambas partes
Lausberg fundamentó su posición en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2/3 (MEyP), ratificado posteriormente por la Ley N° 9.982, normativa que creó el cargo de subinterventora administrativa financiera y le otorgó competencia exclusiva sobre la administración financiera y patrimonial del organismo. Argumentó que ninguna otra dependencia puede ejercer funciones paralelas en esta materia. Asimismo, cuestionó el plazo de 24 horas para responder el pedido de informes, vinculándolo con una situación de hostigamiento hacia la responsable de Recursos Humanos y mencionando una denuncia penal previa por amenazas contra dicha funcionaria.
La respuesta de Ascárate llegó al día siguiente, el 23 de julio de 2026. A través de otra actuación administrativa, rechazó los términos de la intimación. El interventor sostuvo que el artículo 2° del DNU establece que las competencias de la Subintervención rigen «sin perjuicio de las competencias propias de la Intervención», lo que, a su entender, mantiene vigentes las facultades que le fueron conferidas con su designación mediante los Decretos N° 3/1 y 4/1 de 2024, y las atribuciones previstas para el Directorio en la Ley N° 8.479.
Ascárate afirmó que el pedido de información a Recursos Humanos constituye una actuación administrativa ordinaria, contemplada en el Manual de Funciones del organismo aprobado por la Resolución N° 582/24. Negó que se configuraran los delitos mencionados por Lausberg y requirió que la Nota N° 159/2026 fuera contestada sin más demoras por la dependencia correspondiente.
Contexto y tensiones internas
Este intercambio se produce tres meses después de que la Legislatura provincial ratificara el decreto que creó la Subintervención Administrativa Financiera del ERSEPT y designara a Lausberg en ese cargo, una sesión que generó cuestionamientos de la oposición. El conflicto coincide con un escenario de tensión interna en el organismo y con recientes medidas de fuerza impulsadas por la Asociación de Trabajadores del Ente Regulador de Energía de Tucumán (Ateret), gremio al que distintos sectores políticos vinculan a la actual subinterventora.
Aunque el conflicto no tiene un impacto directo específico en Lomas de Tafí, los vecinos de Tafí Viejo y de toda la provincia de Tucumán se ven afectados indirectamente por el correcto funcionamiento de organismos de control de servicios públicos como el ERSEPT, encargados de regular y fiscalizar prestaciones esenciales.
Fuente: tucumandespierta
