El reciente anuncio formalizado en el exterior por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, abrió un nuevo frente de conflicto político e institucional. La puesta en marcha del denominado Programa de Ciudadanía por Inversión despertó una inmediata reacción de los bloques opositores en el Congreso, donde ya se articulan iniciativas legislativas orientadas a bloquear su implementación antes de su entrada en vigencia prevista para el último trimestre de 2026.
El esquema diseñado por el Poder Ejecutivo contempla dos vías de acceso para solicitantes extranjeros: un aporte directo e irrepetible de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de títulos públicos por un valor de 800.000 dólares. El modelo también prevé extensiones al grupo familiar primario mediante pagos complementarios, estructurando un costo total de 500.000 dólares para un solicitante principal con cónyuge y dos hijos menores de edad.
Reparos parlamentarios y el impacto en la Ley de Tierras
La principal objeción planteada desde los sectores opositores radica en la presunta desnaturalización de los requisitos constitucionales de residencia previa y en la ausencia de exigencias ligadas a la inversión productiva directa. Diversos legisladores advirtieron que la adquisición de la ciudadanía argentina funciona como una vía indirecta para eludir las restricciones vigentes en materia de titularidad territorial, permitiendo a capitales extranjeros adquirir suelo sin las cuotas regulatorias históricas.
En este marco, exministros y legisladores como Agustín Rossi y Kelly Olmos formalizaron la presentación de un proyecto de ley para derogar la causal de naturalización por «inversión relevante» y suprimir la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, ambas figuras instituidas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025. A su vez, la diputada Florencia Carignano cuestionó la homologación de la ciudadanía argentina a modelos de transacciones financieras propios de economías de baja escala, señalando además el riesgo de eventuales restricciones en los acuerdos de visado vigentes con la Unión Europea.
La postura del Ejecutivo: controles cruzados y captación de reservas
Frente a las críticas, fuentes gubernamentales sostienen que el trámite no implica una concesión automática ni una transacción mercantil directa, sino el inicio de una solicitud sujeta a un exhaustivo proceso de debida diligencia. De acuerdo con las pautas oficiales, la Agencia evaluadora contará con la intervención de organismos técnicos y de seguridad, entre ellos la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el objetivo de garantizar la trazabilidad del origen de los fondos bajo los parámetros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La controversia promete intensificarse en las próximas semanas, en un escenario legislativo ya tensionado por la convocatoria a una sesión el 15 de octubre para debatir la vigencia del DNU 70/2023 y la desregulación de la compraventa de tierras rurales en el país.
Fuente: LDT G – Contexto Tucumán
