Una nueva grieta se hizo visible en el oficialismo a partir de un fallo judicial que condenó a cuatro periodistas de La Nación en Formosa. Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, tomó distancia pública del presidente Javier Milei al cuestionar la sentencia y defender la libertad de prensa, en un gesto que expone tensiones internas frente a un caso que alarmó a las entidades del sector.
Un tuit que marca la diferencia
Desde su cuenta de X, Bullrich se pronunció de manera contundente. «En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta», escribió la senadora, apuntando directamente contra el gobernador Gildo Insfrán. Su crítica se centró en el requisito de autorización previa para realizar una cobertura, un punto que el fallo judicial consideró una infracción al Código de Faltas provincial.
Esta postura contrastó de manera abrupta con la reacción del Presidente. Javier Milei celebró la misma condena con un mensaje agresivo, refiriéndose a los periodistas como «basuras inmundas con micrófono» y acusándolos de favorecer a políticos corruptos y golpistas. La divergencia no es menor: mientras la máxima figura del Ejecutivo avala y profundiza el ataque a la prensa, una de sus principales aliadas en el Senado elige el camino de la defensa de un principio democrático básico.
Los detalles de una condena alarmante
La sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, a cargo del juez Omar Padilla, contra la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán. El equipo había viajado en septiembre de 2025 a la comunidad San José para entrevistar a sus integrantes y registrar sus condiciones de vida. Según el fallo, infringieron el artículo 73 del Código de Faltas al realizar una «actividad» sin autorización previa y sin contar con un carnet para ejercer el periodismo.
El caso generó un inmediato rechazo de las entidades periodísticas. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) recordó que en Argentina no se exige licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo. Por su parte, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) advirtió que el fallo representa un antecedente preocupante que puede criminalizar la labor informativa. La controversia reavivó el debate sobre los límites del poder provincial frente a la prensa y la vigencia de garantías fundamentales en todo el territorio nacional.
La respuesta de Bullrich, más allá de la coyuntura, instala una pregunta incómoda dentro de la coalición gobernante: ¿cuál es el límite de la tolerancia frente a decisiones provinciales que restringen derechos? La senadora, con un perfil más institucional, parece trazar una línea que el Presidente, por ahora, decidió ignorar.
Fuente: LDT G – Contexto Tucumán
