Un preocupante escenario se consolida en el vasto universo de trabajadores que componen la denominada «economía gig» o de plataformas. Los repartidores de aplicaciones de delivery se han incorporado de forma agresiva en el último tiempo al mercado de la deuda para consumo, pidiendo dinero prestado a las mismas empresas para las que realizan los envíos, convirtiéndose esta vía en su única alternativa para subsistir.
Este modelo de endeudamiento, ofrecido por las propias aplicaciones, expone la fragilidad económica de un sector que, a pesar de la flexibilidad que ofrece, enfrenta una marcada precariedad laboral. Muchos de estos trabajadores, que diariamente circulan por las calles de Lomas de Tafí, incluyendo avenidas como Raya y Jaldo, o se adentran en los distintos sectores del barrio para entregar pedidos, se ven obligados a recurrir a estos préstamos para cubrir sus necesidades básicas y familiares ante la fluctuación de ingresos.
La magnitud de esta situación es alarmante y sus consecuencias, profundas. Los datos recientes revelan que los repartidores que operan bajo este sistema acumulan deudas que rondan, en promedio, casi un millón de pesos. Esta cifra, significativa para un trabajador individual, subraya la profunda vulnerabilidad financiera en la que se encuentran y la presión constante para generar ingresos que permitan tanto el pago de estas obligaciones como la cobertura de sus gastos cotidianos.
Para la comunidad de Lomas de Tafí, esta problemática no es ajena. Varios vecinos y vecinas de Tafí Viejo se desempeñan en este rubro, y el endeudamiento masivo en este segmento de la economía de plataformas impacta directamente en los hogares locales. Es una realidad que invita a la reflexión sobre las condiciones laborales de las nuevas modalidades de empleo y sus efectos en la calidad de vida de quienes buscan una oportunidad a través de estas herramientas digitales.
