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Un grupo de voceros fue recibido por el PE.

Los representantes de los presuntos damnificados en el «caso viviendas», se reunieron con Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia de Tucumán. La funcionaria volvió a aclarar que «su situación no les da prioridad en su necesidad habitacional con respecto a la de otros tucumanos” y les pidió la unificación de los reclamos.

Se trata del tercer encuentro que mantienen con Vargas Aignasse. «En esencia, el reclamo es el mismo que las veces anteriores. Pero cuando un conflicto va madurando, uno ya ve que hay una organización distinta”, sostuvo en diálogo con LA GACETA.La reunión tuvo una duración de casi dos horas. En primer lugar, los afectados expusieron sus planteos. Luego, la funcionaria respondió que su Gobierno estará abierto al diálogo y que respetará su derecho constitucional a peticionar.

También se refirió a las protesta realizada a finales de enero, en la que los manifestantes cortaron las calles aledañas a la Plaza Independencia y un supuesto «infiltrado” pateó una camioneta de la Gobernación. Al respecto, dijo que «las acciones violentas no solamente perjudican al resto de los ciudadanos, sino que también deslegitimen su propio pedido”.Vargas Aignasse confía en que la Justicia determine las responsabilidades en el tema.

«Que las personas que utilizaron la necesidad de la gente para percibir beneficios económicos reciban el castigo apropiado para que esta situación no vuelva a repetirse”, sentenció. Además, pidió a los voceros que presenten un petitorio con los diversos reclamos unificados. «Tal como hacemos en todos los casos en los que se recurre al Gobierno provincial, analizaremos los planteos que ellos hagan oficialmente”, declaró la secretaria de la cartera de Gobierno y Justicia.

Serían aproximadamente 1.400 las personas engañadas por un grupo de falsos «gestores” del Instituto Provincial de la Vivienda y el Desarrollo Urbano (Ipvdu). Éstos aseguraban el acceso a una casa del Estado en los barrios de Manantiales Sur, Lomas de Tafí y Yerba Buena mediante el pago de un anticipo, cuyo monto iba desde los $ 4.000 hasta los $ 100.000. Elizabeth Alsogaray, presunta «cabecilla” de las estafas, se encuentra detenida desde el 28 de enero.Los afectados se encuentran organizados en dos grupos diferenciados.

Fuente: Tucuman a Las 7

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