Según la Sindicatura General de la Nación el Ministerio de Defensa contaba con informes preliminares que alertaban sobre el estado de las aeronaves que el Ministerio de Defensa adquirió en mayo de 2019 y nunca pudo utilizar porque “no están operativas”
Una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) concluyó que el Gobierno de Mauricio Macri gastó casi 14 millones de euros en aviones para el Ministerio de Defensa que no estaban en condiciones de volar.
El documento de 35 páginas plasmó el análisis de la gestión de compras llevadas a cabo por la cartera de Defensa, en el período 2016-2019, bajo la gestión de Oscar Aguad. En este marco, fueron seleccionados los convenios celebrados con el gobierno de Francia para la adquisición, por parte del Estado Mayor General de la Armada, de cinco (5) aeronaves de combate SEM (Súper Étendard Modernisé) y de cuatro (4) buques patrulleros oceánicos multipropósito OPV (Offshore Patrol Vessel).
El Gobierno Nacional asumió todos los gastos de retiro, transporte y estacionamiento de los materiales transferidos. Para eso, a través de la Licitación Privada N° 005/17, se tramitó el servicio de transporte puerta a puerta de los cinco aviones más todos los complementos por un total de € 1.346.255, totalizando una cifra cercana a los €14.000.000.
En tanto, con respecto a los cuatro Patrulleros Oceánicos Multipropósito – OPV “se ha verificado que los expedientes no contaban con toda la documentación requerida que fundamente una adecuada toma de decisiones”. En ese sentido, se ha observado la “falta de la solicitud de desembolso, la falta de comprobantes de pago y la falta de documentación que acredite la efectiva entrega de los OPV en condición ‘Listo para Operar’”.
A tal efecto, en la auditoría se planteó la necesidad de ”establecer, que las áreas intervinientes que participan en las contrataciones, cumplan de manera apropiada con la normativa vigente, con el fin de que todo el proceso desde la solicitud hasta la finalización del contrato se encuentre respaldado con la documentación e información oportuna y necesaria para un adecuado control y seguimiento del mismo, generando mayor transparencia en el proceso que nos ocupa”.
El informe que elaboró la SIGEN fue remitido la Oficina Anticorrupción “para el eventual inicio de acciones”.ç
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