La Organización de Naciones Unidas (ONU) emitió un pronunciamiento contundente, declarando ilegal el protocolo anti-marchas implementado por Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad en Argentina. Según los relatores de la ONU, ni el protocolo ni el capítulo de Seguridad de la Ley Ómnibus son compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos.
La denuncia ante la ONU fue realizada por centrales obreras, movimientos sociales y organismos de derechos humanos, y la respuesta llegó a través de los relatores Clement Nyaletsossi Voule (Libertad de reunión pacífica y de asociación), Irene Khan (Promoción y Protección del derecho a la libertad de opinión y expresión) y Mary Lawlor (Situación de los defensores de Derechos Humanos).
El protocolo anti-manifestaciones, impulsado por Bullrich, ha sido criticado desde su implementación el 20 de diciembre del año pasado. La ONU desmenuzó artículo por artículo, señalando que no hay ninguna ponderación positiva en el mismo. Además, los relatores expresaron que «el derecho a la reunión pacífica, junto con otros derechos conexos, constituye el fundamento mínimo de un sistema de gobierno participativo basado en la democracia, los derechos humanos, el respeto de la ley y el pluralismo».
Cuestionamientos Específicos de la ONU:
- Criminalización de la Protesta: Los relatores recordaron la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que sostiene que las reuniones pacíficas pueden promover ideas polémicas y que la interrupción del tráfico no constituye violencia. Considerar toda reunión como violenta o delictiva ex ante es una decisión contraria a estándares internacionales.
- Uso de «Armas No Letales»: Se advirtió a Bullrich sobre el uso del término «armas no letales», señalando que estos dispositivos también pueden ser mortales si se utilizan de manera indebida.
- Identificación de Manifestantes: La decisión de identificar manifestantes, organizadores y transportistas podría afectar la presunción de inocencia. Se resaltó que se debería permitir el anonimato de los participantes, a menos que su conducta ofrezca motivos razonables para su detención.
- Discriminación a Migrantes: La ONU consideró discriminatoria la medida que permite dar aviso a Migraciones si una persona migrante participa en una protesta. Todos, independientemente de su ciudadanía, tienen derecho a reunirse pacíficamente.
- Participación de Niños y Adolescentes: Se enfatizó que el Estado argentino debe permitir que los niños y adolescentes ejerzan su derecho a reunirse pacíficamente, concientizando a los funcionarios sobre las necesidades específicas de personas en situación de vulnerabilidad.
La comunicación de la ONU se suma a las críticas locales y resalta la importancia del respeto a los derechos humanos y las libertades democráticas en el país. La respuesta del gobierno de Javier Milei y el tratamiento que reciba en el Congreso será clave para determinar el impacto y las consecuencias de este pronunciamiento internacional.
Fuente: Pagina 12
