Este jueves se oficializó la incorporación de la Ley Lucio en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso nacional. El proyecto de capacitación obligatoria en los tres poderes del Estado para la detección temprana de violencia infantil fue impulsado a raíz del caso de Lucio Dupuy, el niño que fue presuntamente asesinado en La Pampa por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
El proyecto establece las siguientes tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”:
- Capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez: se trata de detectar indicios en las víctimas de maltrato, abuso, descuido o abandono que pueden pasar desapercibidos, como cambios de comportamiento o los dibujos que realiza.
- Reserva de identidad: se trata de una modificación de la legislación que apunta a preservar la autoría de los denunciantes de actos de violencia.
- Campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales: la ley establece una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.
El origen del proyecto está inspirado en la trágica muerte de Lucio Dupuy, un nene de 5 años que fue abusado sexualmente y asesinado a golpes por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez, en noviembre de 2021 en La Pampa.
Lucio murió el 26 de noviembre como consecuencia de una golpiza de la que fue víctima dentro de la vivienda en la que residía junto a su madre de 24 años y su pareja, de 27. Ambas quedaron detenidas inmediatamente tras el hecho.
Tras su muerte se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa. No obstante, no había denuncias de ningún profesional sobre los golpes que presentaba, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.
Este último motivo fue uno de los principales argumentos por los que se impulsó la Ley Lucio, para que los profesionales de la salud, docentes y funcionarios, puedan advertir y detectar situaciones de violencia intrafamiliar.
