Los adjudicatarios del sector “Lomas 3.000” dieron cuenta de aumentos de entre 20 y 60 cuotas. Plantearon un recurso en el Instituto para que se revea la situación Durán detalló que, al fijarse el valor definitivo de las casas, se ajustan las mensualidades.
Vecinos de Lomas de Tafí advirtieron un cambio en las boletas del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) e inmediatamente expresaron su indignación mediante presentaciones en el organismo, a través de las redes sociales y en reuniones.
Los adjudicatarios de algunos de los sectores del megabarrio de viviendas sociales dieron cuenta de un aumento en el número de cuotas. De acuerdo con los casos, se habrían incrementado entre a 20 y 60 los pagos mensuales.
El titular del Ipvdu, Gustavo Durán, explicó que la posibilidad de modificación está incluida en los boletos de compra-venta firmados por los beneficiarios dado que los valores de las casas son “provisorios” hasta tanto se fija el definitivo. “Está muy bien que se preocupen. Deben acercarse al Ipvdu y averiguar y se les explicará. Estas situaciones son sólo de algunos sectores de ‘Lomas 3.000’. Las cosas van cambiando de acuerdo a como se vive y más en este país. Ahora ya tenemos el valor definitivo, porque se han podido incorporar todos los ítems pendientes al momento de la entrega”, aclaró.
Durán aseguró que, como cambió el valor de las unidades, optaron por subir la cantidad de cuotas y no los montos de las mensualidades. “Está todo dentro de la mecánica legal y vigente y se hace con todos los emprendimientos. No hay que perder de vista que se trata de una cuota social. En cada sector vale distinto, pero son admisibles y tienen un alto nivel de subsidio por parte del estado”, concluyó. De acuerdo con el Ipvdu, las cuotas de los sectores afectados rondan los $ 400. En el barrio, de acuerdo al tipo de casa y el área, están entre $ 300 y $ 800.
Cruces políticos
“El aumento de la cantidad de cuotas es una maniobra injusta, por su carácter abusivo, e ilegal ya que los plazos establecidos en las leyes pertinentes no se cumplieron”, cuestionó la senadora radical Silvia Elías de Pérez. La parlamentaria se reunió con algunos vecinos en el barrio y su equipo los asesoró para que presentaran un recurso administrativo en la entidad. Exigieron en el documento que se revirtiera lo actuado y que se fijara el precio de las viviendas aplicándose, al momento del cálculo, el plazo máximo de seis meses al momento de cada una de las adjudicaciones. “Como el ‘precio definitivo de las viviendas’ y el aumento en la cantidad de cuotas se realizaron en plazos posteriores a los establecidos, el Instituto debe retrotraer su decisión y ajustarse a la ley”, concluyó la ex legisladora.
Durán respondió a las críticas. “Por detrás de esto (las denuncias) hay intereses políticos. Me siento orgulloso institucional y personalmente por Lomas. En vez de ser un orgullo para todos, (los opositores) desde el día uno quieren bastardear al proyecto. No lo van a conseguir. Estamos generando ahora un polo de desarrollo de inversión privada también. Hay que tomar con mucho cuidado estas denuncias, porque hay una intencionalidad política por detrás”, concluyó.
El valor de las cuotas de las unidades del emprendimiento fueron objeto de polémica en dos oportunidades anteriores. En noviembre de 2012, el Ipvdu tuvo que hacer marcha atrás en un ajuste del 22% en Lomas 3.000. Ocurre que el boleto de compra-venta sólo admitía cambios de las cuotas cada cinco años y nunca por un valor mayor al 20%. En enero, como cada año desde 2012, el Ipvdu implementó una suba automática del 22% en todos los barrios. Tuvo que aclarar, sin embargo, que Lomas no estaba incluido por contar con un régimen especial en los contratos.
Lomas de Tafí (Los Pocitos, Tafí Viejo) incluye casi 5.000 viviendas. Había comenzado a construirse en 2005 y la primera entrega de unidades había sido hace seis años. La última, en tanto, había ocurrido en junio pasado. El acto fue encabezado, mediante videoconferencia, por la presidenta, Cristina Fernández. El emprendimiento habría costado $ 900 millones (a precios de 2013).
Fuente: La Gaceta
