Según la AGN, el Instituto de la Vivienda no aplicó las sanciones previstas en la ley El informe destaca que hubo “deficiencias en la coordinación de los trabajos” entre el Ipvdu y las constructoras.
El megabarrio Lomas de Tafí, de unas 5.000 casas, se convirtió en uno de los estandartes de la gestión alperovichista. Sin embargo, un informe publicado la semana pasada por la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló diversas anomalías en el complejo habitacional ubicado en el departamento Tafí Viejo, y puso en el centro de la polémica a la “niña mimada” del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), que comanda el ingeniero Gustavo Durán.
Según la auditoría, las constructoras que trabajaron en el emprendimiento entre 2009 y 2011 tardaron, en la ejecución de la obra, un promedio de 40% más de lo previsto en los contratos de adjudicación (pliegos).
El órgano de control -que aporta datos técnicos al Congreso de la Nación sobre las cuentas públicas- cuestionó que el Ipvdu no aportara la documentación requerida respecto a estas moras. Sin embargo, la AGN aclaró que “se pudo constatar en los expedientes madre (situados en oficinas federales) que no hubo intimaciones” contra las empresas por las tardanzas en las construcciones. “Por ende, no se aplicaron multas por incumplimiento de las contratistas”, agrega el informe oficial. Y remarca que esas sanciones están previstas en la Ley de Obras Públicas (N° 5.854) de la Provincia.
Entre 2009 y 2011
La AGN centró su auditoría en el programa “Techo Digno”, que permitió el financiamiento de al menos 2.000 casas de Lomas de Tafí (el informe también contiene barrios realizados en Buenos Aires). Se analizaron los datos registrados entre 2009 y 2011, y en uno de los apartados se consignó el detalle de las “demoras registradas en los plazos de obra”. “Las consecuencias de importantes retrasos repercuten de manera desfavorable en la gestión del programa federal”, advierte el texto. Así, de los 21 proyectos estudiados del subconjunto Buenos Aires-Tucumán, el 95% había incurrido en tardanzas respecto a los convenios oficiales.
La auditoría no indica cuáles fueron las empresas en falta. Pero detalla nueve sectores de Lomas de Tafí que ya habían sido finalizados para 2011: ocho presentaron dilaciones, en promedio, mayores al 40% de lo previsto; del restante sector el Ipvdu no aportó datos a la AGN.
El artículo 43 de la Ley de Obras Públicas establece que “las demoras en la iniciación, ejecución y terminación de los trabajos darán lugar a la aplicación de las penalidades que determine esta ley, la reglamentación o los pliegos”. Aclara que “el contratista quedará exento de responsabilidad si acredita fehacientemente que la mora no le es imputable”. Las sanciones contempladas en la normativa van desde lo económico hasta la rescisión del contrato. Pero, según la AGN, ni siquiera hubo intimaciones debido a esas tardanzas.
La extensión no autorizada en los plazos de obra tiene un efecto directo sobre los costos, ya que el aumento nominal del valor de los materiales y la mano de obra -por la inflación- genera un desfasaje; si la suba supera lo fijado en el pliego, luego la Provincia debe acudir a nuevas fuentes de financiamiento o incluso puede ver caer el proyecto.
La AGN constató que las demoras tenían diversos orígenes. En lo generan (también se habla de barrios bonaerenses) marcaron “días de lluvia” como una de las causales. Pero en lo particular, sobre Lomas de Tafí, cuestionaron que hubiera “deficiencias en la coordinación de los trabajos de las empresas adjudicatarias de las obras de vivienda”.
El megabarrio situado en Tafí Viejo comenzó a construirse en 2005. Costó unos $ 900 millones.
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