La Cámara de la Construcción local respondió a una legisladora. «Que no se confunda ni se engañe a la población, la revisión del precio está instituida por ley», dijeron los profesionales.
La denuncia penal -fue presentada por la legisladora radical Silvia Elías de Pérez– sobre la existencia de presuntos sobreprecios y fallas en la construcción del emprendimiento Lomas de Tafí generó la reacción de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC).
A través de un documento, la comisión directiva expresó que la revisión del precio de las obras está contemplada mediante leyes. «Se ha manifestado en la prensa que las obras del emprendimiento Lomas de Tafí, de un presupuesto de $ 536 millones en 2005, ascendieron a $ 892 millones en 2010, lo que significa un incremento del 58%. Que no se confunda ni se engañe a la población, ya que la revisión del precio está instituida por ley para mantener el valor (de la obra) cuando se altera el equilibrio económico o financiero por la inflación o depreciación de la moneda», expresaron los empresarios y miembros la CTC Alberto Roque Guardia (presidente), Enrique Daniel Mafud (vicepresidente), Eduardo Gerardo Mateo(secretario general) y Rodolfo Antonio Alonso (secretario de prensa).
«Téngase presente que para el mismo período, según datos de público conocimiento, el costo de la construcción aumentó -según el Indec- el 122%, y el costo de la ‘Hora Ayudante’ creció un 208%», fundamentaron.
En la denuncia, Elías de Pérez afirmó que, en «Lomas 3.000», el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) contrató de manera directa con las empresas y que pudo constatar un sinnúmero de fallas constructivas.
Sobre el primer punto, los empresarios señalaron que las contrataciones directas están contempladas en la Ley Nº 5.854. «En la contratación directa, ni las condiciones ni el precio son fijados libremente. Es un proceso que es auditado por el órgano constitucional de control», explicaron. Respecto de las fallas en las obras -Elías de Pérez dijo que había casas sin columnas- los empresarios se defendieron al expresar que los constructores «garantizan el cumplimiento del contrato por fallas de construcción y vicios ocultos». «Existen procedimientos para subsanarlos», agregaron Guardia, Mafud, Mateo y Alonso a LA GACETA.
Piden pagar menos
El viernes, unas 350 familias que residen en el barrio Lomas de Tafí realizaron un planteo ante el Ipvdu, impulsados por Elías de Pérez. «Los adjudicatarios de las casas exigen que se fije un mecanismo indemnizatorio por el daño sufrido por los vecinos, quienes deben afrontar gastos constantes de reparación de todo tipo», sostuvo la parlamentaria radical.