Por Roberto Delgado / La Gaceta
El interventor del Instituto de Vivienda tiene la potestad de entregar hasta un 10% de casas sin sorteo y hasta eximiendo del pago del terreno a quienes se las adjudique. Así lo determina la resolución 1.893, de 1995, que también autoriza al instituto a entregar, de la misma manera, otro 10% de las casas, para cupos especiales (personas solas, emergencias sociales, etcétera). Consecuentemente, un 20% de todos los planes de vivienda que ejecuta la Provincia se entregan discrecionalmente, y sin sorteo. Por ejemplo, de las 5.000 casas de Lomas de Tafí, 1.000, al menos, han sido asignadas sin sorteo.
Se entiende, entonces, el reclamo de los adjudicatarios truchos, que en las últimas semanas protestaron frente al IPV, creyeran en la estructura paralela en la que participaba un empleado, Fabio Burgos, quien les recibía el dinero, según las denuncias. Un arrepentido que trabajaba con Burgos, Daniel Castillo, dijo que Burgos le había dicho que “en todos los barrios nuevos había casas que eran una parte para la gente que se inscribía legalmente y otra, para el Ipvdu. Que a estas últimas las negociaban los empleados”.Incluso el interventor del Instituto, Gustavo Durán, que ha tenido por ley la potestad de entregar sin sorteo, 480 viviendas de Lomas de Tafí, reconoció la lógica inquietante de los estafadores que mencionaban su nombre y se amparaban en la discrecional resolución 1.893.
Aun cuando esta inquietante situación permite entender los motivos de los reclamantes (a quienes Durán acusó de saber que estaban entrando en algo que no era legal), esto no explica que la trampa haya durado cinco años, según las declaraciones de los estafados. Hace apenas un mes que el IPV inició la investigación y separó a Burgos de sus funciones. Castillo, confeso socio de Burgos, dice que cree que hay otros empleados en la estructura paralela.
Pero hay más. Un grupo de vecinos que el año pasado, junto a la senadora Silvia Elías de Pérez, hizo denuncia penal ante la Justicia Federal por supuestos sobreprecios y por anomalías en la construcción de las casas de Lomas de Tafí afirma que no se sabe con qué modalidad han sido adjudicadas las 600 casas de Lomas 600, de modo que temen que, en realidad, cerca de la mitad de las casas de Lomas no hayan sido entregadas por sorteo sino por alguna potestad permitida por la ley y aprovechada por presuntos tránsfugas como Burgos para sacar dinero por el costado.
En su momento, Durán contestó que las denuncias eran barbaridades infundadas. Pero la investigación existe y se arraiga en la permisividad que tiene el sistema de adjudicación directa, que es legal y “fundado” en la necesidad de hacer obras sin trabas burocráticas de control, pero que siempre deja sospechas, a pesar de los controles del Tribunal de Cuentas.
Evidentemente, algo se escapó para que ahora la Auditoría General de la Nación haya señalado deficiencias en la coordinación de los trabajos entre el IPV y las empresas, que demoraron excesivamente las obras sin que hayan sido multadas. El gobernador José Alperovich renegó de que “periodistas y auditores hablen sin saber” que una ley permitía una demora del 25%. Pero la AGN dijo que la demora fue del 40%. Entonces, Alperovich dijo que el titular de la AGN es Leandro Despouy, un opositor. Pero el informe fue aprobado por opositores y oficialistas.
Después de esto queda poco. El mismo Durán reconoce que el control de todo es más difícil y lento que hacer obras sin licitación y con amplio margen discrecional para adjudicaciones. “Es verdad que los sistemas de controles que tenemos no son sistemas eficientes y se escapan por muchos lados. La razón es porque el sistema es perverso”, explicó. Así las cosas, casi no queda nada, excepto la Justicia. Pero sus tiempos, según se ve, exceden lo mínimo para evitar que tan fácilmente puedan cometerse equivocaciones, irregularidades o estafas.
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