Como ciudadano no puedo menos que sentir viva indignación al leer los resultados preliminares de la auditoría que Fiscalía de Estado realizó en el Barrio Lomas de Tafí, a través de la cual constató irregularidades en aproximadamente 1.500 viviendas: unidades deshabitadas, alquiladas o directamente transferidas ilegalmente. Frente a este cuadro de situación, que también se repite en otros barrios, siento la necesidad de expresar dos cosas: 1) apoyo calurosamente la decisión del Gobierno de llevar a cabo una auditoría exhaustiva orientada a verificar si los adjudicatarios de viviendas sociales cumplen adecuadamente con la normativa aplicable en la materia, y 2) también apoyo calurosamente que -conforme a las directivas recibidas- esta vez el Ipvdu sea durísimo con aquellos adjudicatarios que no cumplieron con la ley y vaya hasta las últimas consecuencias: esto es, la revocatoria de la adjudicación a todos los beneficiarios cuya conducta evidencia que no necesitan la vivienda asignada y que están lucrando miserablemente con fondos públicos, perjudicando así a miles de familias que sí reúnen los requisitos para acceder a una vivienda social. Los resultados de esta auditoría constituyen una demostración indudable de cómo funciona la corrupción en nuestra provincia. La corrupción es una lacra social que obstaculiza poderosamente el progreso de los pueblos. Tiene múltiples facetas. No se agota en la inconducta social de estos ciudadanos que lucran y/o especulan con una vivienda social. La falta de ejemplaridad ética de muchos representantes de la élite política, empresaria, deportiva, académica, etc. fomenta que también la sociedad en su conjunto adopte, por acción o por omisión, comportamientos cómplices con actos de corrupción. La severidad prometida es una inmejorable oportunidad para demostrar que en Tucumán aún existen motivos para creer que la corrupción puede dejar de ser un mal endémico.
César Augusto Gallo
drcgallo@yahoo.com.ar
Fuente: La Gaceta
Es llamativo como este lector anhela que el instituto de la vivienda sea duro con los adjudicatarios que le dieron un destino distinto para la que fueron creadas las viviendas, si fue el mismo instituto el encargado de entregar las casas, y el que hizo el relevamiento.