El Gobierno cerró el circuito legal que permitirá a las empresas adjudicatarias de obras públicas alargar los plazos de ejecución de los trabajos, debido a la demora de la Nación en enviar los fondos comprometidos.
La Ley 8.246, aprobada en diciembre por la Cámara, ya fue publicada en el Boletín Oficial. Mediante esa norma, el Poder Ejecutivo facultó a reparticiones como la Dirección de Vialidad y el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo urbano (Ipvdu) a celebrar acuerdos con las contratistas de obras, a los efectos de reformular las fechas de inicio, de plazos de ejecución de obra y de plan de trabajos.
El objetivo de la norma es la de evitar una parálisis del sector, teniendo en cuenta que la crisis de 2009 puso en jaque a la marcha de los programas. Puntualmente, según confirmaron ayer a LA GACETA empresarios del sector, lo último que se canceló desde el Gobierno fueron los certificados de obra correspondientes a agosto del año pasado. Por ende, quedan pendientes de pago los de setiembre, octubre y noviembre (vencidos legalmente, ya que el Estado debe pagarlos dentro de los 55 días de emitidos). En total, la deuda llega a casi $ 150 millones.
La prioridad del Estado es la conclusión de una tanda de casi 1.000 viviendas en el barrio Lomas de Tafí, para que sean entregadas en abril o mayo. Por ese motivo, los últimos libramientos correspondieron a empresas que ejecutan trabajos en ese emprendimiento. Sin embargo, hay incertidumbre respecto del futuro de las obras viales. En particular, de aquellas que ya fueron licitadas, como la 329 (entre Concepción, Trinidad y Monteagudo), la 301 (entre el Manantial y San Pablo) y el segundo tramo de la 307 (entre el Infiernillo y Ampimpa).
El nuevo sistema permite diferir entre 45 días corridos y hasta un 25% como máximo del plazo que figuraba en el contrato inicial. Además, el Estado eximió a las empresas de las penalidades por paralizaciones de obras o por incumplimientos en los tiempos de construcción previstos. No obstante, y este es un punto que no cayó bien entre los empresarios, las contratistas que decidan rubricar los acuerdos de prórroga deben expresamente renunciar «a los reclamos administrativos y/o judiciales que, por cualquier concepto, les pudiera corresponder por incumplimientos de plazos o adecuaciones de proyectos acordados con anterioridad a la ley».
Sólo en planes habitacionales la Provincia certifica obras por entre $ 30 millones y $ 40 millones mensuales. Además, el PE asiste a los programas del Ipvdu con otros $ 5 millones por mes.
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