El Gobierno de Tucumán, bajo la administración de Osvaldo Jaldo, ha presentado un proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2027 que incluye una disposición que podría generar debate y controversias. El artículo 29 del proyecto, remitido a la Legislatura el 28 de octubre, establece que las modificaciones en las partidas presupuestarias del Poder Legislativo, el Poder Judicial y los organismos descentralizados y autárquicos deberán ajustarse a los lineamientos de la ley provincial. Esta medida, que forma parte de un presupuesto con gastos totales proyectados en $7,35 billones y un superávit fiscal de $304,5 millones, se perfila como uno de los puntos centrales en la discusión parlamentaria.
Un marco normativo para las finanzas públicas
La propuesta, firmada por el gobernador Jaldo y el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, mantiene la estructura general de presupuestos anteriores, pero introduce la novedad de establecer condiciones para la modificación de las partidas de otros poderes. Específicamente, el artículo 29 indica que las modificaciones presupuestarias dispuestas por las autoridades de los organismos descentralizados y autárquicos, así como por los poderes Legislativo y Judicial, deberán respetar las disposiciones de la ley de presupuesto y las normas complementarias. Si bien se reconoce la atribución de cada organismo para administrar sus recursos, se introduce la obligación de encuadrar cualquier cambio dentro de los criterios fijados por la legislación presupuestaria, buscando establecer un marco común para las modificaciones durante el ejercicio fiscal.
Preocupaciones sobre la autonomía financiera
A pesar de la intención declarada de establecer un marco administrativo común, algunos legisladores han interpretado la iniciativa como un posible intento del Poder Ejecutivo de incrementar su capacidad de condicionamiento sobre las decisiones financieras de los otros poderes del Estado. La principal preocupación radica en los potenciales efectos que esta disposición podría tener sobre la autonomía presupuestaria de la Legislatura, la Justicia y los organismos que poseen facultades para administrar sus propios fondos. Por el momento, estas observaciones no se han traducido en cuestionamientos formales dentro de la comisión de Hacienda y Presupuesto, dado que el proyecto aún no ha iniciado su análisis formal.
Antecedentes de tensiones presupuestarias
Este tipo de disposiciones no son inéditas en la historia presupuestaria de Tucumán. En ejercicios anteriores, el Gobierno provincial ha presentado propuestas que buscaban establecer condiciones sobre la utilización y transferencia de fondos de otros poderes y organismos de control. Un antecedente reciente se dio durante la elaboración del presupuesto del año anterior, cuando el Ejecutivo intentó vincular las transferencias mensuales a estos organismos con la recaudación efectiva de Rentas Generales. Dicha propuesta fue modificada en la comisión legislativa, eliminando el condicionamiento y manteniendo el régimen de transferencias previsto por las normas vigentes. Otro aspecto recurrente es el tratamiento de los fondos no utilizados al cierre del ejercicio, que desde 2025 se consideran excedentes financieros y deben incorporarse como recursos remanentes para el año siguiente, una disposición que también generó discusiones en su momento.
El debate institucional en el horizonte
El nuevo artículo 29 se suma a una serie de disposiciones con las que la administración provincial busca regular la gestión de los recursos públicos. La diferencia, en esta ocasión, es que el debate podría centrarse específicamente en los límites que tendrán las autoridades de los otros poderes para modificar sus propias partidas. El alcance final de la medida dependerá de la interpretación de su redacción y de las posibles modificaciones que introduzca la Legislatura. La iniciativa no prohíbe explícitamente las modificaciones presupuestarias ni exige autorización previa del Ejecutivo para todas las decisiones, pero la referencia al cumplimiento de los lineamientos de la ley ha abierto interrogantes sobre las restricciones que podrían derivarse de su aplicación. El tratamiento en la comisión de Hacienda y Presupuesto definirá si el artículo se mantiene, se modifica o se elimina, y cómo impactará en las facultades de los distintos poderes del Estado para decidir sobre la utilización de los recursos provinciales durante el próximo año.
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Fuente: LDT G – tucumandespierta
