El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio luz verde este jueves a una operación largamente esperada: la compra por parte de la Municipalidad de los cuatro inmuebles donde funciona la Escuela Municipal y Cooperativa Gabriela Mistral. Sin embargo, la autorización llegó cargada de condiciones y límites precisos, producto de un acuerdo político que modificó el proyecto original impulsado por la intendenta Rossana Chahla. La ordenanza, aprobada con amplio respaldo tras incorporar reclamos de la oposición, establece un techo financiero infranqueable y ata las propiedades al destino educativo de manera permanente.
Los tres candados clave de la operación
La ordenanza aprobada no es un cheque en blanco. Estructura la operación bajo tres condiciones fundamentales que buscan garantizar transparencia y finalidad pública. En primer lugar, fija un límite económico máximo: la Municipalidad no podrá desembolsar más de 800 millones de pesos por la totalidad de las propiedades ubicadas en Juan José Paso 169 y 171, Mendoza 2176 y pasaje Roma 174.
En segundo término, exige que el valor de adquisición sea respaldado por una tasación oficial realizada por los organismos provinciales competentes, desplazando así las valuaciones privadas que obran en el expediente. La tercera y más significativa condición determina que los inmuebles deberán utilizarse exclusivamente para el funcionamiento de la Escuela Gabriela Mistral. Cualquier intento futuro de cambiar ese destino requerirá una nueva y explícita autorización del Concejo Deliberante.
Un camino judicial que forzó la negociación
Esta autorización de compra es el capítulo final de un prolongado conflicto judicial que comenzó en 2024. Inicialmente, el Concejo había optado por la vía expropiatoria, declarando los inmuebles de utilidad pública. Sin embargo, esa decisión fue judicialmente frustrada. En julio de 2025, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la inconstitucionalidad de aquella ordenanza, fallo que fue luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en mayo de 2026.
Ese revés judicial obligó a la administración de Chahla a abandonar la expropiación y sentarse a negociar una compraventa directa con la cooperativa propietaria. «Entendemos que esto es darle continuidad a una cuestión educativa. Tenemos el pedido formal tanto del municipio como de los padres», explicó el presidente del Concejo, Fernando Juri, en declaraciones a la prensa.
Garantía de continuidad y próximos pasos
Concejal Gustavo Cobos, uno de los impulsores de las modificaciones, destacó la importancia de establecer un monto máximo para evitar una «autorización sin límites». Según manifestó, el Ejecutivo informó de un principio de acuerdo con la cooperativa por los 800 millones, cifra que afirmó estar por debajo de algunas tasaciones privadas.
Si bien la autorización está concedida, la operación dista de estar concluida. La Municipalidad deberá ahora completar una serie de trámites administrativos y legales clave: la tasación oficial, la formalización del contrato de compraventa, la escrituración y la inscripción de los inmuebles. No existe aún una fecha definitiva para concretar estos pasos. No obstante, como señaló Cobos, el entendimiento alcanzado garantiza la continuidad educativa. «En diciembre van a terminar las clases y en febrero va a tener que volver a abrir las puertas», afirmó, proyectando tranquilidad para el próximo ciclo lectivo.
Fuente: LDT G – Contexto Tucumán
