El Gobierno Nacional admitió formalmente la falta de un acuerdo interno respecto al proyecto de nueva ley de Discapacidad y mantiene abierta la posibilidad de que el presidente Javier Milei ejerza el veto total o parcial si la iniciativa sancionada compromete el esquema presupuestario. La fractura, que atraviesa al equipo económico y a la conducción de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, expone una tensión estratégica en medio de las negociaciones parlamentarias.
En declaraciones recogidas por medios nacionales, voceros oficiales confirmaron que «no se acordó nada» tras las reuniones realizadas durante las últimas semanas para unificar posiciones. Desde el oficialismo advirtieron que el Presidente no convalidará automáticamente las modificaciones impulsadas por los legisladores si éstas generan obligaciones fiscales consideradas incompatibles con el equilibrio de las cuentas públicas. «Si sale una ley que afecte el presupuesto, se vetará», aseguraron.
Una votación clave y un calendario sensible
La definición contrasta con la estrategia legislativa. La Libertad Avanza, con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, prevé llevar el proyecto al recinto este miércoles 21 de octubre. En el bloque oficialista consideran que retroceder sobre el texto acordado puede poner en riesgo los apoyos y facilitar una nueva ofensiva opositora para prorrogar la Emergencia Nacional en Discapacidad.
El conflicto se origina en un proyecto impulsado por el bloque libertario que no había sido convalidado integralmente por las áreas de Economía, Salud y Legal y Técnica. El texto, que mantiene mecanismos de protección y prestaciones que el Presupuesto 2027 propone modificar, obtuvo 42 firmas en comisión. Esta divergencia llevó a una reunión específica el 29 de septiembre con la participación del ministro Luis Caputo, Diego Santilli, Nicolás Mayoraz y María Ibarzabal Murphy, sin lograr un consenso.
Los números de la discordia y el fantasma del veto
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso públicamente la contradicción durante el debate presupuestario, reconociendo que el Ejecutivo «hubiera querido otra cosa». Economía incorporó partidas por aproximadamente $7,25 billones para pensiones y cobertura médica, mientras estimaciones parlamentarias sitúan el costo adicional del nuevo régimen en torno a los $600.000 millones, equivalente al 0,04% del PBI.
La disputa no se limita al monto. Una diferencia central radica en el régimen de actualización de aranceles del nomenclador y las obligaciones permanentes que asumiría el Estado. El dictamen de mayoría preserva el sistema de actualización vigente, mientras el Presupuesto propone modificar la homogeneidad de los valores.
El calendario suma un factor político adicional: el Gobierno busca evitar una nueva controversia antes de la visita prevista del papa León XIV a la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. El itinerario incluye una recorrida por el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, una institución dedicada a personas con discapacidad, lo que podría amplificar los reclamos del sector.
Así, la Casa Rosada enfrenta una negociación en dos etapas: garantizar los votos para aprobar la nueva ley y resolver después su compatibilidad con el Presupuesto 2027. El oficialismo mantiene la convocatoria, mientras Economía conserva sus objeciones y los aliados reclaman certezas sobre el financiamiento. La definición sobre un eventual veto, según admiten en Nación, llegará más adelante, pero reconocen que todavía no existe un acuerdo interno que descarte ese escenario.
Fuente: LDT G – tucumandespierta
