La cuenca Salí-Dulce arrastra una problemática ambiental que se extiende desde hace cuatro décadas. El secretario de Producción de Tucumán, Eduardo Castro, reconoció que la situación del río responde a un conflicto histórico, íntimamente vinculado tanto a los efluentes industriales como a los líquidos cloacales. En este escenario, la actual gestión provincial trazó, a partir de 2023, un plan de infraestructura destinado a revertir el deterioro hídrico que afecta a la región.
Un convenio frenado y la apuesta al presupuesto 2027
En junio de 2024, el gobierno tucumano firmó un convenio con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para desarrollar diversas plantas depuradoras. El listado original incluía instalaciones en Alderetes, Banda del Río Salí, San Andrés, San Felipe, Famaillá, Aguilares y Concepción. Sin embargo, el funcionario indicó que las iniciativas quedaron detenidas debido a la falta de prioridad asignada a la obra pública por parte del actual Gobierno nacional.
Ante este freno, la Provincia logró incorporar al presupuesto nacional 2027 la previsión de obras de saneamiento. El listado aprobado incluye:
- Plantas depuradoras de Alderetes y Banda del Río Salí, con sus respectivos sistemas de recolección.
- Instalaciones previstas para San Andrés, San Felipe y Concepción.
Castro remarcó que con este tipo de obras se podrá trabajar en el sistema de saneamiento de la cuenca, impactando directamente en el tratamiento de los líquidos cloacales y en la recuperación del recurso hídrico.
Fiscalización ambiental y el desafío de los asentamientos
Paralelamente a la infraestructura, el Gobierno provincial reforzó las tareas de fiscalización sobre las actividades industriales. La Dirección de Fiscalización Ambiental monitorea de manera estricta a los ingenios, frigoríficos y citrícolas que vuelcan sus contenidos al río Salí, buscando prevenir la contaminación y proteger la cuenca.
El funcionario también advirtió sobre los vertidos cloacales provenientes de asentamientos ubicados en las márgenes de los canales y del río, una problemática social y ambiental que la administración busca contener. A esto se suman los monitoreos propios de la provincia de Santiago del Estero y los controles trimestrales del Gobierno Nacional, en el marco de un convenio vigente desde 2009.
Finalmente, Castro destacó la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la preservación ambiental. La cuenca Salí-Dulce representa una preocupación central para una provincia netamente industrial, donde el cuidado de los recursos hídricos resulta fundamental para sostener el futuro productivo de las economías locales.
Fuente: LDT G – comunicaciontucuman
