La crueldad contra dos crías de gato en Tafí Viejo trascendió las redes sociales y llegó al escritorio del ministro del Interior. Darío Monteros recibió este martes a representantes de la organización civil Patitas Libres y del programa provincial Tucumán Mascotas, quienes están a cargo de «Vida», el único felino que sobrevivió a un ataque con rifle de aire comprimido. El encuentro, ordenado por el gobernador Osvaldo Jaldo, buscó articular el apoyo estatal al rescate y marcar una postura firme contra el maltrato animal.
Un caso que movilizó a la provincia
El episodio, registrado en un video que se viralizó, muestra el punto más álgido de una problemática recurrente. Mientras una de las crías murió a causa del impacto del proyectil, «Vida» lucha por recuperarse con un balín alojado en su abdomen, a la espera de una cirugía crítica. «Hoy Vida está bien, está constantemente yendo al veterinario. Vamos a esperar un poquitito más, tiene que agregar un poco de peso, pero está estable», explicó Karina Garbero, la rescatista independiente que la asiste, en declaraciones a la prensa tras la reunión.
El Estado como respaldo ante la crueldad
Florencia Rocha, titular de Tucumán Mascotas, enfatizó el mensaje político detrás del gesto: «Para nosotros como Estado es muy importante decirle a la sociedad que desde el Gobierno de Tucumán acompañamos a toda la sociedad a nivel familiar, recordando que los animales también forman parte de la familia». Este acompañamiento se traduce, según detallaron las rescatistas, en un apoyo concreto para afrontar los costos veterinarios y la futura intervención quirúrgica, gastos que suelen recaer exclusivamente sobre las organizaciones. Candelaria Pugacz, de Patitas Libres, lo resumió: «Para nosotros a veces es medio imposible poder costear esto… ha sido, digamos, el lado mascotero del ministro».
Más allá del apoyo logístico, el caso tiene una dimensión judicial firme. Pugacz confirmó que la denuncia está en curso y que la presunta autora es una menor de edad. Este aspecto introduce una variable compleja en el proceso, pero también sienta un precedente sobre la responsabilidad penal en actos de maltrato animal. La reunión ministerial, por lo tanto, no fue un mero gesto protocolario, sino una señal de que el caso, por su crudeza y repercusión, está siendo monitoreado desde las más altas esferas del gobierno provincial, ejerciendo presión para que la justicia avance y se concrete una reparación.
Fuente: LDT G – comunicaciontucuman
