La ciudad de San Miguel de Tucumán enfrenta una ola de vandalismo que ha dejado una huella concreta y costosa en el espacio público. Un relevamiento oficial concluido el 10 de septiembre arrojó una cifra elocuente: 58 paradas de colectivo fueron dañadas intencionalmente en distintos barrios, lo que representa aproximadamente el 9% del total analizado. Frente a este panorama, la administración de la intendente Rossana Chahla ha iniciado una estrategia dual que combina la reparación urgente de la infraestructura con una ofensiva judicial para identificar y castigar a los responsables.
De la estadística a la denuncia penal
Los datos, recabados por la Dirección de Gerencia de Datos, no son solo un número. Detrás de ellos hay vidrios destruidos y cartelería arrancada, daños que concentran casi el 90% de los casos. El distrito 15, que abarca Villa Alem, Ampliación Villa Alem y Villa Amalia, es el más afectado, con el 22.1% de sus refugios vandalizados. Javier González, secretario de Ordenamiento y Convivencia, explicó en declaraciones periodísticas que este mapeo fue ordenado para orientar las medidas municipales. «Lo que emerge son datos altamente preocupantes», sostuvo el funcionario, a cargo de la Fiscalía Ambiental Municipal.
El paso siguiente fue llevar los casos a la Justicia. González detalló que, con el material recopilado que permite estimar fechas y tipos de daños, la comuna ya ha presentado diversas denuncias penales ante el Ministerio Público Fiscal (MPF). «En muchos de los casos han sido identificados [presuntos responsables] y cada vez que eso ha ocurrido… hemos formulado la denuncia correspondiente», afirmó. El objetivo, según sus palabras, es evitar que el deterioro del patrimonio comunitario se naturalice y lograr que «la Justicia tome las decisiones que hay que tomar».
El doble costo del destrozo
Más allá de la búsqueda de sanciones, el vandalismo representa un perjuicio económico y social directo. González advirtió sobre el «doble costo» que implica: obliga al Estado a destinar recursos que ya habían sido invertidos en la instalación de los refugios y, simultáneamente, priva a los vecinos de un servicio esencial. La estrategia municipal, por lo tanto, es permanente. Ante cada nuevo episodio detectado, se intenta recabar material probatorio para determinar con precisión el momento y los posibles autores, sumando esos elementos a las investigaciones ya iniciadas.
El funcionario reconoció que algunas denuncias ya tuvieron avances, como una investigación pública donde una persona fue imputada, aunque aclaró que no hubo posterior conocimiento oficial sobre el final de esa causa. Para los nuevos casos, el camino será el mismo: documentar, aportar prueba y recurrir al MPF. Paralelamente, González hizo un llamado a la concientización y reclamó la colaboración de otros «resortes institucionales» y poderes del Estado, especialmente la Justicia, para frenar esta tendencia. La expectativa municipal es clara: que quienes resulten responsables sean sancionados conforme al Código Penal, mientras se trabaja para recuperar lo destruido.
Fuente: LDT G – tucumandespierta
