La política económica del gobierno de Javier Milei ha tenido como uno de sus pilares centrales la reducción del gasto público. Este objetivo, fundamental para la consolidación de las cuentas fiscales, se ha materializado a través de recortes directos, una disminución en las transferencias a otros estamentos del Estado y una poda significativa en áreas específicas. Un detallado informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), liderado por Nadin Argañaraz, arroja luz sobre este proceso, cuantificando el impacto del ajuste.
La Radiografía del Gasto Devengado
El estudio del Iaraf se centra en el gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN), que representa aproximadamente el 85% del gasto total del Sector Público nacional. A diferencia de análisis que priorizan el gasto efectivamente pagado, el Iaraf opta por el gasto devengado por considerarlo el que mejor refleja las decisiones políticas plasmadas en el presupuesto y el punto de partida del ajuste.
Los números son contundentes: hasta agosto de 2026, el gasto primario devengado de la APN experimentó una caída real del 32% en comparación con el mismo período de 2023. Esta reducción no fue un fenómeno puntual, sino un proceso sostenido que comenzó con un 19,4% en enero y escaló progresivamente, superando el 30% en marzo y manteniéndose en ese rango hasta agosto. El informe subraya la constancia y el inicio temprano de esta política de austeridad.
Impacto Sectorial y la Mayor Reducción Histórica
Dentro de esta contracción general, algunos rubros sufrieron recortes más pronunciados que otros. Las transferencias corrientes a provincias lideraron la baja con un descenso real del 86,6%, seguidas por el gasto en bienes de uso (incluida la obra pública) con un 83,6%. Las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional (empresas públicas y fondos fiduciarios) cayeron un 62,1%, mientras que los subsidios a la energía y al transporte registraron una merma del 59,3%. Las transferencias a universidades nacionales y los servicios no personales también mostraron reducciones significativas.
En contraste, las jubilaciones y pensiones, a pesar de ser el rubro de mayor peso relativo, experimentaron la menor caída (8,2%). Las ayudas sociales a personas y asignaciones familiares descendieron un 30,6%, y los gastos en personal, un 28,9%, reflejando una reducción en la planta de empleados públicos.
Al analizar la incidencia de cada rubro en la reducción total del gasto, las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios explican casi una cuarta parte de la caída. Le siguen las transferencias al sector privado, ayudas sociales y transferencias a provincias. Es relevante destacar que un 42% de la reducción total del gasto primario de la APN se explica por menores transferencias a otras jurisdicciones y entidades del sector público, delegando en ellas la responsabilidad de ajustar sus propios presupuestos.
Si se considera el gasto como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI), la caída acumulada entre 2023 y 2026 alcanzaría los 14 puntos porcentuales. Esta cifra representa la mayor reducción en los últimos tres años, evidenciando un Estado nacional que, en términos relativos a la economía, ha disminuido considerablemente su tamaño y capacidad de erogación.
Fuente: LDT G – tucumandespierta
