Un informe oficial de la Dirección Provincial de la Vivienda revela las irregularidades encontradas en la ejecución del complejo. Betty Rojkés no se rinde.
Nota publicada en La Gaceta por Rubén Rodó
Todo gobierno con legitimidad de origen -cualquiera fuera su signo- debiera asentarse sobre una base ética y normas de transparencia en los actos que de él emanen. No es el caso, justamente, de la administración de José Alperovich. En los años que lleva al frente del PE, la característica saliente de su gestión fue -y es- la carencia de un comportamiento moral en el manejo de la cosa pública. La ética como valor supremo, para él, jamás existió. Ni la tuvo en cuenta. El ejemplo más acabado es la reforma constitucional. La mandó hacer a su medida y en su propio beneficio, con la aviesa intención de eternizarse en el poder. Es el total desconocimiento del sistema democrático, que determina la periodicidad y la alternancia del gobernante.
Tucumán es una tierra sin ley, donde nació Alberdi. ¡Qué paradoja! Bajo este turno, se evaporó la división de poderes, sustituida por la omnímoda voluntad del César. Metió mano a cara descubierta en la Justicia, la Legislatura, las municipalidades, los concejos deliberantes, como también en la Universidad, en los sindicatos, organizaciones empresarias y clubes de fútbol. Todo está teñido por su larga mano de jefe supremo.
Tempranamente, eliminó la licitación pública -ineludible exigencia constitucional – para adjudicar obras a cargo del Estado y para adquirir bienes. Lo definió con precisión el legislador José Páez (DC): Alperovich llama a licitación sólo para comprar resmas de papel o lápices. Para grandes obras, de montos millonarios, recurrió a la adjudicación directa, en beneficio de los amigos del poder. Ejemplos: el palacio legislativo, los hoteles del Parque 9 de Julio, del ex Mercado de Abasto y el Savoy, además de una larga lista de etcéteras con construcciones de menor cuantía. Sin rubores, se violaron las leyes de Administración Financiera y de Obras Públicas. La gente sospecha -con razón- que hubo “retornos” en esas turbias operaciones, una manera tangencial para no hablar de coimas.
Vale poner en foco el complejo habitacional Lomas de Tafí para saber qué y cómo se hizo. Es el emprendimiento de mayor envergadura encarado por la provincia hasta hoy. Son alrededor de 5.000 unidades, en un solo paño de 400 hectáreas, con una inversión de casi $ l.000 millones con fondos federales y parte de la Provincia. La mega obra viene de tiempos de Julio Miranda, pero su ejecución estuvo bajo la responsabilidad del zar. Para soslayar la licitación, se adujo la demora que demandaría el trámite. Pasó más de una década y aún quedan por concluir unas 200 viviendas. Tampoco se habilitó el acueducto desde El Cadillal; resta su conexión. Buena parte de la población que habita ahí padece el calvario de cortes de agua continuos y hasta se detectó agua contaminada con salmonella. En este último verano la situación fue crítica, pero el problema subsiste, intacto.
El informe del Instituto de la Vivienda y Desarrollo Urbano, enviado por su titular, Gustavo Durán, a requerimiento de la senadora Silvia Elías de Pérez, es una cruda revelación de la irresponsabilidad, la desaprensión y la ligereza con que se adjudicaron las casas. Su finalidad social n° 1 era solucionar el problema de familias sin techo. No fue así. Nadie sabe por qué se dieron casas a personas solteras. Siempre se habló de sobreprecios en la ejecución del complejo. En abril de 2005 el metro2 se cotizaba a $ 901.44, en tanto la revista especializada Arquitectura y Construcciones consignaba $ 710 para el metro2 con piso, puertas, revoque fino y detalles. En abril de 2007 esos valores consignaban $ 1.315 y $1.050, respectivamente. La obra durante su ejecución, según Elías, no fue transparente y fueron recurrentes las denuncias por la calidad de la edificación.
Por quejas de vecinos, el PE detectó 171 viviendas deshabitadas y se analiza otras dos centenas. La Fiscalía de Estado ya notificó a los titulares que anularán las adjudicaciones. Una evidencia irrefutable de que previamente no hizo un riguroso estudio socio-económico de quienes las recibirían. Se las entregó al voleo, como si fueran bienes mostrencos, favoreciéndose, en muchos casos, a los que no correspondía. Se entregaron unidades a recomendados de políticos del oficialismo y hasta parientes directos de ellos.
La hoy senadora denunció graves fallas en la edificación, además del cobro indebido de cuotas, en violación de los contratos de compra-venta. Esta irregularidad fue corregida. No sólo se detectaron vicios ocultos, sino también fallas estructurales comprobadas por personal técnico.
Lo que más llama la atención es que el recupero por pago de cuotas no se haya destinado a la construcción de nuevas viviendas, como era lo lógico. Esos fondos se los utiliza para gastos de funcionamiento del ente y pago de haberes al personal. En un cálculo a mano alzada y a trazo grueso, se estiman en más de $ 30 millones por año. La pregunta de cajón es si esos ítems no están previstos en el presupuesto general de gastos de la provincia. ¿Entonces, a dónde fue a parar el dinero de las cuotas? Sólo para las primeras 600 viviendas se llamó a licitación pública. El resto: 4.400, a dedo.
Es sorprendente que el propio director de la Vivienda gozara de un cupo de unidades otorgado a sí mismo para su entrega discrecional. También se dieron cupos al gremio de la construcción (UOCRA), a la agrupación de ex soldados de Malvinas, jubilados, madres solteras, sindicatos, discapacitados, etc. ¿Hubo un control exhaustivo en los otorgamientos? Al parecer, no, por las anomalías que afloran. El complejo Lomas de Tafí despide un tufillo maloliente de corruptela desde la colocación del primer ladrillo al último.
Muy a su pesar, Alperovich dejará el gobierno en 2015. Según él, tenía aún “mucho por hacer”. Quiere mantener los retazos de poder de que dispone (cada vez menos) y digitar su sucesión al momento del recambio. Sabe que la próxima Legislatura tendrá una nueva composición, sin la supremacía oficialista de hoy. En la hora actual el peronismo es una fuerza en dispersión enredada en un debate sin fin, en busca de una toldería donde guarecerse para sobrevivir. Mientras la UCR, como timonel del Acuerdo Cívico y Social, ya tiene sus candidatos en la calle, con José Cano al frente del lote, el mandamás se columpia entre dudas, sin saber por quién definirse.
La presión mayor está dentro de su propio hogar. El clan Rojkés cincha fuerte por imponer a la senadora como candidata, en tanto el pater familias no está muy convencido de sus aptitudes de mando, después de su desempeño de terror en la Cámara alta. No abdica de su ambición de ser la postulada por el oficialismo. El Duce no tiene otra figura de más confianza que ella para cuidarle las espaldas cuando llegue el infortunio. Todo hace suponer que terminará echándole los óleos bautismales. El arco opositor se frota las manos si Betty fuera la elegida, pues su nombre levanta resistencia en la clase media, particularmente. Con la senadora de candidata y un peronismo tucumano dividido, el camino se desbroza para Cano.
Los amanuenses de la Legislatura trabajan a todo ritmo para modificar el sistema electoral e imponer el voto “boligoma” en las boletas. Es decir adicionar en las listas de los municipios los nombres de candidatos a legisladores. Esta triquiñuela fue volteada por la camarista Ebe López Piossek en la consulta anterior. En consecuencia, hay sentencia firme negativa sobre esa posibilidad.
La recordación del golpe de Estado cívico-militar, que tiró abajo un legítimo gobierno constitucional, a 38 años de esa carnicería humana, para Alperovich pasó sin pena ni gloria. Se explica: poco y nada le importa la vigencia de una democracia real como estilo de vida, con respeto por el republicanismo. Muy otro hubiera sido su comportamiento si albergara en él un espíritu francamente democrático. Se ubicó en las antípodas como la expresión más rudimentaria del autoritarismo. Testimonios hay al por mayor. Y así actuó en consecuencia, manejando la provincia como si fuera un feudo de su propiedad. En el ocaso de sus días, hoy, es otra la realidad que vive, sin sucesor y con problemas acuciantes por delante.
Entonces, de qué extrañarse. Su gobierno se convirtió en guarida de jerarcas residuales de la dictadura a los que acogió en su regazo. Sentó a Pablo Baillo en el Ministerio de Seguridad Ciudadana, para el cuidado de vidas y haciendas de los tucumanos. Bajo su gestión ocurrió el brutal asesinato de Paulina Lebbos, aún impune a 8 años del suceso. Lo separó del cargo, pero sigue a su lado. También dio cabida en sus listas a legisladores provenientes de la dictadura. Días atrás fue detenido, por orden de un juez federal de Bahía Blanca, otro de sus colaboradores, que tuvo participación directa en la represión militar.
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