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Se conocieron los resultados de la primera semana de control que realiza la Fiscalía de Estado.

Los números preliminares dan cuenta de que las denuncias sobre posibles irregularidades que el gobernador, José Alperovich, recibió podrían ser fehacientes. El fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, dio a conocer a LA GACETA los resultados de la primera semana de relevamiento en el megabarrio de viviendas sociales “Lomas de Tafí” (Los Pocitos). Se trata del primer paso del control ordenado por el mandatario frente a la posible venta, alquiler, transferencia o la falta de ocupación de las unidades.

De acuerdo con el panorama inicial, de las 452 casas censadas durante los primeros días, sólo las familias de 206 estarían cumpliendo con las disposiciones legales. En tanto, 174 estarían en estado irregular y 69, deshabitadas. En total, los adjudicatarios infractores sumarían 243, más que los que siguieron las normas.

Posse Ponessa detalló que bajo el concepto “irregular” incluyeron a inquilinos, a personas que no eran las adjudicatarias o que no pudieron demostrar su vínculo legal con el inmueble y a habitantes que no atendieron la puerta, pese a encontrarse dentro de la casa. “Los resultados muestran una serie amplia de irregularidades. Hay una gran existencia de viviendas desocupadas o en estado irregular. Constatamos que hay muchos incumplimientos”, manifestó ofuscado. Se mostró sorprendido también por la cantidad de construcciones que son utilizadas sólo como comercios, lo que también está prohibido.

Los sectores de Lomas de Tafí recorridos hasta el viernes por equipos conformados por abogados del Estado y empleados del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) fueron: XIX, XX, XVI, XVII, XVIII, IX, X, XI, XII, XIII XIV y XV.

Posse Ponessa, a modo de ejemplo, exhibió una de las planillas sobre la revisión de 150 casas de las áreas XVI, XVII y XVIII. Remarcó que sólo 60 de las familias pudieron comprobar su titularidad, es decir, el 40%. Mientras que 50 se encontraban fuera de las normas (el 33%) y 40 deshabitadas (27%).

El funcionario relató que los vecinos de Lomas de Tafí se acercan a denunciar y colaboran señalando infracciones. Adelantó que destinará 10 abogados más a los recorridos (sumarán 30) desde hoy. Recordó que luego de cruzar los datos que reúnan con los inspectores del Ipvdu, podrían iniciarse trámites legales que terminen con el desalojo y cese de la adjudicación.

Silvia Meneghello, abogada de la Fiscalía de Estado, había detallado el cuestionario que deben responder los habitantes: “les preguntamos nombre y apellido, DNI, desde cuándo viven allí, si han resultado sorteados, si les adjudicaron la boleta y si realizó alguna mejora al inmueble”.

El titular del Ipvdu, Gustavo Durán, había estimado que sumaban entre el 8% y el 10% los propietarios que hacían un uso inadecuado de las viviendas. También había recordado que habían frenado 80 construcciones irregulares en la zona (porque se edificaba sobre espacios comunes o verdes y porque no se respetaban los parámetros para conservar la estética del emprendimiento).

El martes, Alperovich había anunciado una auditoría debido a denuncias que dijo haber recibido.

El barrio planificado está ubicado en Los Pocitos (Tafí Viejo) y cuenta con 5.000 casas subsidiadas por el Estado. De acuerdo con las normas, las transacciones relacionadas con las viviendas sólo pueden efectuarse después de tres años de la adjudicación, por lo que sólo podrían llevarse adelante en los sectores más viejos. Lomas de Tafí comenzó a construirse a fines de 2005 y las últimas unidades fueron entregadas en junio del año pasado, durante la visita de la presidenta, Cristina Fernández.

Fuente: La Gaceta

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